La corrupción inmobiliaria salpica todo el territorio nacional

LAS OTRAS 'MARBELLAS'

El escándalo de corrupción recientemente destapado —aunque públicamente conocido desde hace muchos años— en la malagueña localidad de Marbella parece ser sólo una muestra de unas prácticas urbanísticas que se extienden como la pólvora por buena parte de los municipios españoles, aunque, especialmente, en las costas levantinas y en la Comunidad de Madrid, donde varias investigaciones
judiciales están en marcha después de que un sinfín de denuncias hayan sacado a la luz varias tramas de corrupción en las que podrían estar implicados diversos ayuntamientos y un número indeterminado de empresas constructoras. A pesar de que la mayoría de estos procesos continúan su lento desarrollo en las salas de justicia, la vox pópuli sabe perfectamente que lo acontecido en Marbella es práctica común en numerosos municipios del Estado español.

Por Por Pedro Antonio Navarro

Cuando hay una urbanización ilegal y pedimos la paralización de las obras, tardamos un año en que
el juez lea la petición, y como mínimo, otro año hasta que se resuelva. Al final tenemos una magnífica sentencia que no se puede ejecutar, porque se intentan minimizar las demoliciones. Como las obras se hacen con licencia municipal, no se puede aplicar el Código Penal hasta que la vía administrativa declara el acto nulo", comenta la abogada especializada en temas de urbanismo, Inmaculada Rosas.

Lo que demuestra la práctica en estos casos –cada vez más abundantes- es que, en la mayoría de las ocasiones en las que una sentencia judicial dictamina la ilegalidad de una construcción, ésta, rara vez es demolida, porque termina contando con una autorización administrativa "sobrevenida". Dada la lentitud del sistema judicial español y la poca capacidad de la Administración central para intervenir en materias cuyas competencias están transferidas a las comunidades autónomas o que dependen directamente de los ayuntamientos, muchas de las quejas y denuncias de afectados están yendo a parar directamente a la Unión Europea.

A mediados de 2004, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo estaba tramitando 24 quejas por proyectos urbanísticos en todo el territorio comunitario. Una de Hungría, una de Portugal, dos de Francia, tres de Italia y 15 de España. Según el último informe sobre directivas ambientales, nuestro país es, con diferencia, el que más infringe las normativas comunitarias al respecto. Recientemente, la Unión Europea abría un procedimiento de infracción por proyectos urbanísticos surgidos al amparo de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) de la Comunidad Valenciana. Bruselas enviaba una carta de emplazamiento al Gobierno español, primer paso a seguir en todo procedimiento de infracción, en la que se da a conocer que la adjudicación de proyectos urbanísticos realizada por ciertos ayuntamientos de esa comunidad autónoma, con arreglo a la LRAU, no respeta las reglas de la UE sobre contratos públicos.

A finales del pasado 2005, el rotativo británico The Guardian publicaba un extenso artículo en el que se criticaba con mucha dureza lo que calificaba como "especulación y voracidad inmobiliaria" en España, aunque fijaba su atención en zonas de la costa andaluza, valenciana y murciana. El diario inglés cita el ejemplo de la población de Benahavis, en la Costa del Sol, donde, pese a sus 2.265 habitantes, se ha emprendido la construcción de 90.000 nuevas viviendas. También se hace eco del caso de Cuevas de Almanzora, de 11.000 habitantes, y donde se ha aprobado la construcción de 148.000 casas. El periódico también se fija en la Comunidad Valenciana. Así, en el pueblo de Moncofa se señala la construcción de un campo de golf, un puerto deportivo y 31.000 nuevas viviendas que han enriquecido al 70 por ciento de sus 5.400 habitantes, propietarios de terrenos rústicos recalificados para la ocasión. El alcalde reconocía que los precios de las tierras de cultivo se han multiplicado por cien en los últimos cinco años. El precio por hectárea alcanzaba los 2,2 millones de euros.

En Murcia y la Comunidad Valenciana está prevista la construcción de más de 130 campos de golf. Sólo en la población de Alhama de Murcia existen planes para el levantamiento de ocho campos de golf y 55.000 nuevas viviendas. Tras este despliegue, se estima que la actual población se multiplique por diez.

The Guardian sostiene que una parte de la expansión inmobiliaria que vive nuestro país está financiada con dinero procedente de la droga. Según diversas investigaciones policiales, más de 250 millones de euros procedentes de los fondos de 17 redes criminales distintas abría entrado en el mercado inmobiliario, sólo en la localidad de Marbella.

La situación está alcanzando unos niveles insostenibles y escandalosos que ya se proyectan fuera de nuestras fronteras. Al poco de su toma de posesión como presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero recibía una carta firmada por 17 embajadores de países europeos en la que se instaba a poner fin "al aparente abuso de la legalidad" por parte del Gobierno valenciano, haciendo notar, además, que estos sucesos estaban ocasionando serios perjuicios a la reputación española en sus países.

En diciembre de 2005, el presidente de Ia Asociación Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro, Antonio Marín Segovia, remití una misiva al Fiscal General del Estado, er la que solicitaba su intervención ante "la, recalificaciones urbanísticas constantes y to talmente ajenas al bienestar general de lo, ciudadanos, que tiene a bien desarrollar cor tan inusual y desproporcionado interés y pro miscuidad el Ayuntamiento de Valencia, que preside la alcaldesa, Doña Rita Barberá, que constituye una política que perjudica lesiona al conjunto de ciudadanos y personas que habitan y viven en Valencia ciudad"
En la Comunidad Murciana se denuncia ba recientemente la recalificación llevada cabo por parte del Ayuntamiento de Águila –gobernado por el PP y con representaciór del MIRA y del PSOE- de un espacio protegido por la Unión Europea en la Sierra de Almenara, para beneficio de la empresa inmobiliaria Hispania. El Foro Ciudadano y Ecologistas en Acción consideran que esta actuación forma parte del "recurso sistemático a las recalificaciones masivas y a los convenios urbanísticos, que se ha convertido en moneda corriente en todo el levante español, y constituye un ejemplo más de lo que ya se ha convertido en una norma de la política urbanística y medioambiental practicada en nuestra comunidad autónoma, tanto por la Administración regional, como por las corporaciones locales de uno y otro signo político".

Pero no todas las tramas urbanísticas y las recalificaciones sospechosas de terrenos se dan en los ayuntamientos levantinos. A comienzos del pasado mes de marzo, la concejal del PP de la localidad canaria de Telde fue detenida por su presunta relación con una corrupta trama inmobiliaria que operaba en esta población. Los Verdes llevaban ante la Fiscalía Anticorrupción otra presunta trama en el Aljarafe sevillano en la que podrían estar implicados el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández, del Partido Popular y la ex concejal de esta misma formación política en Camas, Inmaculada Larrinaga, a quien, según la denuncia, trataron de sobornar.

La Comunidad de Madrid es otro destacado "punto caliente" en el mapa de los chanchullos urbanísticos patrios. Tras la espantada protagonizada por los parlamentarios regionales socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que dejó el Gobierno de la Comunidad en manos del Partido Popular, comenzaba a tomar consistencia la teoría de una trama urbanística a gran escala que afectaría a diversos municipios madrileños, y a la que se vinculaba desde un principio a los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez –militantes del PP en la localidad deViIlaviciosa de Odón-, y que fueron ellos, precisamente, los que facilitaron una habitación en un hotel de la capital al tránsfuga Tamayo el día de su deserción. Los tres mantenían de antiguo una relación profesional vinculada precisamente al urbanismo.

Sobre esa presunta trama abría una investigación la Fiscalía Anticorrupción por la denuncia efectuada por el ex alcalde de Majadahonda, el popular Guillermo Ortega, acerca del chantaje al que se había visto sometido en la adjudicación de unas parcelas de elevado precio. Ortega acusó también de "manipulación" a los servicios técnicos municipales y denunciaba órdenes directas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con la intención de beneficiar a la empresa Alfar 4, cuyo propietario es un íntimo amigo de Ricardo Romero de Tejada, que había sido alcalde de Majadahonda y secretario general del PP en Madrid -según la denuncia efectuada por Guillermo Ortega, en la que también imputaba a su sucesor, Narciso de Foxá, militante del Partido Popular, el haber vendido a promotores privados suelo calificado para vivienda libre a precio de suelo para vivienda de protección oficial-.

Otro notable escándalo tuvo lugar en la madrileña localidad de Alcorcón. En junio de 2003, la Fiscalía de Madrid interponía una querella por siete delitos, entre los que se incluían el de corrupción y asociación ilícita para defraudar a los consumidores, contra el ex alcalde, Pablo Zúñiga, del Partido Popular, y contra los constructores Francisco Bravo Vázquez, Francisco Vázquez y otros cinco empresarios, entre los que se encontraba el abogado Francisco Díaz Moñux, que anteriormente había sido condenado a nueve años de prisión por tráfico de drogas. También resultaron imputados el arquitecto Leopoldo Arnaiz Eguren –implicado en otras diligencias judiciales relacionadas con otras operaciones inmobiliarias- y el ex concejal de Hacienda de Alcorcón, Fernando Díaz Robles, también del PP.

La querella situaba el núcleo de la trama en la localidad de Alcorcón, pero hablaba de ramificaciones en otros municipios. Los hechos denunciados arrancan con la llegada del PP al poder municipal en 1999. El nuevo equipo de gobierno decidía revisar el Plan General de Ordenación Urbana vigente en ese momento. Se rebajaba a un tercio el número de viviendas de precio tasado, pasando de las 7.000 previstas a 2.000. Posteriormente se recalificaron los terrenos rústicos del norte del municipio para permitir la construcción de 33.000 nuevas viviendas. De este modo, Alcorcón disponía de suelo residencial calificado para aumentar su población en más de un 50 por ciento. La investigación de la Fiscalía de Madrid detectaba un sinfín de anomalías supuestamente delictivas y el fiscal considera la existencia de una trama de especulación para un negocio de 6.000 millones de euros (un billón de las antiguas pesetas). En la investigación se atribuía al alcalde la realización de maniobras ilícitas para conseguir una recalificación masiva de suelo rústico para beneficiar a determinados constructores. De hecho, estos cambios se llevaron a cabo en contra del preceptivo criterio del secretario general del Ayuntamiento. Para conseguirlo, Pablo Zúñiga llegó a firmar un decreto municipal en noviembre de 2000 para evitar que el secretario general del Ayuntamiento se personase en los plenos en los que se iban aprobando los pasos para las recalificaciones de suelo. Según el informe de la fiscalía, para elaborar los informes técnicos el ayuntamiento "contrató a personas o mercantiles externos con evidentes vinculaciones con los promotores, eludiendo en su contratación cualquier requisito legal". Una de las empresas beneficiarias era la promotora Alcorcón 2000 S.L., dirigida por Juan Benigno Alonso Alarcón y Francisco Díaz Moñux –quien además de los nueve años de prisión por tráfico de drogas, también había sido condenado al pago de una multa de 110 millones de pesetas-. Antes de la operación, la empresa contaba con un capital de 38 millones de pesetas, pero poco antes de la adquisición de los terrenos pasó a ser de 650 millones. Para el fiscal, este incremento era de "procedencia desconocida". El suelo comprado antes de su recalificación tenía un coste de 24 euros el metro cuadrado, pero una vez declarado urbanizable, su precio se elevó hasta los 300 euros el metro. Alcorcón 2000 S.L. adelantaba 1,5 millones de euros para la compra de terrenos que aún eran rús-ticos. Según las conclusiones de la fiscalía, la empresa había acudido a la compra porque poseía información privilegiada. El incremento previsto les haría ganar 600 millones de euros.

También una empresa de la que eran consejeros los constructores Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez, Vaz Inversora e Inmobiliaria, disponía de opciones de compra sobre una parte muy significativa de aquellos terrenos.

Pero todos estos casos no constituyen más que una pequeña muestra de la corrupción inmobiliaria instalada en muchos de los municipios y comunidades autónomas españolas. El enriquecimiento fácil, la cultura del "pelotazo", el uso de información privilegiada, el blanqueo de dinero, son constantes que permanecen semisumergidas en aguas oscuras de muchas corporaciones municipales de las que ahora nada sabemos, aunque es posible que cunda el ejemplo de la investigación en Marbella.

El suelo es casi la única fuente de riqueza de los ayuntamientos, y esta circunstancia resulta propicia para el fomento de corrupciones. Es posible que, como proponía recientemente el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy –cuyos correligionarios en varios ayuntamientos han sido investigados por su presunta participación en estas tramas-, parte de la solución pase por que la potestad sobre política urbanística recaiga en el Gobierno central, aunque no sea la única medida a aplicar. La construcción es el mayor negocio en nuestro país y el índice de crecimiento de nuestra economía por encima de la media comunitaria se debe, casi en exclusiva, a esta actividad. Los resultados para las economías domésticas no son tan favorables. El aumento del precio de la vivienda, muy por encima de su valor real, la ha convertido en un artículo de lujo y en prácticamente inaccesible para la población joven, con unas funestas consecuencias económicas y demográficas. Además se construye por encima de las necesidades reales de la población. Sólo en la comunidad de Madrid existe un parque de 300.000 viviendas vacías –sin ser habitadas por sus propietarios y sin formara parte del mercado de alquiler-, con el único propósito de especular con ellas pasivamente –otro de los vicios provocados por el "boom" del ladrillo–.