El Gobierno, dividido por la II República

ZP, juancarlista republicano

Por Inmaculada Sánchez  

Una de las primeras medidas que tomó el entonces joven Luis Yáñez al hacerse cargo en 1982 del Instituto de Cooperación Iberoamericano, tras ser nombrado por el primer gobierno de Felipe González, fue retirar de la fachada de su sede una placa conmemorativa dedicada a Francisco Franco. No pretendía generar polémica con ello pero la idea se supo y apareció en los periódicos.

A los pocos días coincidía con Felipe González en Moncloa. ”¿Para qué te metes en esas cosas?”, le espetó el presidente. “Esas cosas son historia y es mejor no tocarlas”, añadió. Para Yáñez, hoy eurodiputado e  impulsor de una resolución del Consejo de Europa de condena al franquismo, “la historia está en los libros, pero las placas son homenajes que no debe tener quien no lo merece”. Así le respondió en aquel momento a González según recuerda ahora para El Siglo. El también joven presidente se sonrió y lo dejó estar.

Veinte años después las cosas han cambiado en el PSOE. Hoy, el liderazgo del partido y buena parte del Gobierno lo ocupan unos socialistas que rondan los cuarenta y cinco años y que, ya antes de ganar,  hablaron y prometieron que se resarciría a quienes sufrieron la persecución de la dictadura. Sin embargo, a pesar de algunos significativos pasos dados por  el Ejecutivo de Zapatero en este sentido, la decisión final sobre una ley que aglutine las medidas económicas, jurídicas o morales que puedan contemplarse se ha venido retrasando, en llamativo contraste con otros proyectos a los que Zapatero sí ha querido dar prioridad en la primera parte de su legislatura. La falta de unanimidad al respecto en el Consejo de Ministros y entre algunas federaciones del partido estaría detrás de esta “calma” con la que Moncloa se estaría tomando la tarea.

Fue en los primeros compases de la legislatura cuando el Congreso de los Diputados  “encargó” al Gobierno elaborar un diagnóstico de la situación de las víctimas de la Guerra Civil , de los archivos que contengan la información necesaria y, finalmente, proponer, mediante una ley, las medidas a tomar. Corría junio de 2004. Se creó una Comisión interministerial “para el estudio de la situación de las Víctimas de la Guerra Civil ” bajo la presidencia de Maria Teresa Fernández de la Vega que se puso como meta trabajar con “la máxima diligencia” para presentar su informe “en la primavera de 2005” .

Cuando pasó la primavera, el verano y el otoño, tanto Izquierda Unida como Esquerra Republicana de Catalunya, “cansadas de esperar”, según dijeron, presentaron la semana anterior al 20-N ante el Congreso sendas proposiciones de ley de reparación de la memoria histórica. El grupo de Gaspar Llamazares proponía declarar nulas las sentencias de los consejos de guerra franquistas o reconvertir el Valle de los Caídos mientras que el de Carod-Rovira iba aún más allá y exigía, incluso, que el Rey pidiera perdón públicamente. Ambas fueron derrotadas con los votos tanto del PP como del PSOE. Aquella votación apuntó algo más de lo que se decidía en ella.

Esquerra fue avanzando hacia su actual distanciamiento con el PSOE –fue entonces cuando por primera vez Zapatero señaló que había cosas de ERC que “no le gustaban”, en clara alusión a su petición al Rey, y que había otros posibles socios en el hemiciclo–. IU, por su parte,visto lo visto, se propuso que 2006, año de tan redondos aniversarios para la República y la guerra, no pasara de largo y volvió a presentar nada más iniciarse el curso parlamentario otra proposición “mucho más light”, según reconocen en su sede, que pudiera ser asumida por el PSOE. En ella se declara 2006 como Año de la Memoria Histórica y de reconocimiento del Gobierno legítimo de la Segunda República y se pide promover actos de conmemoración y reconocimiento a los que padecieron la represión franquista además de la emisión de unos sellos y monedas conmemorativas. Poco más.

La propuesta ha contado ya con el visto bueno del grupo socialista y será votada esta misma semana en el Congreso al objeto de que vea la luz antes de la simbólica fecha del 14 de abril. Previsiblemente sólo el PP, que ha propuesto cambiar lo de “año de la memoria histórica” por “año de la concordia”, se opondrá.

“El Gobierno está cumpliendo con el mandato del Parlamento y presentará su informe en este periodo de sesiones. El criterio de recuperar la memoria histórica no se circunscribe a una fecha”, se defienden en Presidencia de las acusaciones de retraso en los trabajos de la Comisión , aunque reconocen que el informe en torno a los archivos, por ejemplo, está llevando mucho más tiempo del previsto por la complejidad de acceso y la dispersión de los mismos. “Tampoco todo el mundo quiere lo mismo. La Comisión ha recibido a más de 40 asociaciones y hay desde quien quiere que se abran todas las fosas de ejecutados a quien sólo quiere placas conmemorativas”, añaden desde Moncloa. “Es un tema muy delicado”.

El grado de “delicadeza” que requiere el asunto se está percibiendo con mayor claridad según se acerca el momento de presentar ante el Congreso lo prometido. Y en esta recta final es el presidente quien estaría en fase de decidir el formato, algo nada irrelevante tratándose de lo que se trata.

Si, en principio, se habló desde la citada Comisión de un anteproyecto de ley que llevaría la firma y aprobación del Consejo de Ministros, ahora, aunque desde Presidencia se afirma que esta fórmula no se ha descartado todavía, otras fuentes bien informadas del debate que está generando el asunto en el Gabinete señalan que lo más probable es que sólo se presente el informe y que las medidas se incluyan en una proposición de ley que presentaría el grupo Socialista. También otras fuentes conocedoras del último encuentro en Moncloa entre Zapatero y Llamazares aseguran que, ante la petición de explicaciones del líder de IU sobre la famosa ley, el presidente le aseguró que contara con ella para este año pero que sería el PSOE y no el Gobierno la que la presentaría.

El cambio de fórmula evitaría al Gobierno “retratarse” en una foto en la que no todos los ministros posarían con el mismo entusiasmo y dejaría la responsabilidad al grupo parlamentario y el partido, aunque nadie duda de que, dirigido éste por Alfredo Pérez Rubalcaba, las pautas que seguirá no se alejarán de las precauciones que necesite Moncloa.

“Pero si Felipe no lo hizo cuando tenía mayoría absoluta, ¿qué necesidad tenemos ahora nosotros de meternos en semejante lío?”. La queja corresponde a un alto cargo de un ministerio cuyo titular no ve con buenos ojos la “recuperación de la memoria histórica” prometida por Zapatero.

“Sé que dentro del PSOE hay gente que lleva años poniendo trabas, haciendo resistencia pasiva pero, afortunadamente, la mayoría del partido es partidaria de hacer justicia”, añade el ya citado Luis Yáñez. El  actual europarlamentario se refiere a las firmas de varios eurodiputados de su grupo en el manifiesto de intelectuales que la escritora Almudena Grandes ha promovido y presentado este pasado viernes y en el que figuran las firmas de algunos otros eurodiputados y socialistas, además de la suya.

Sin embargo, quienes viven de cerca las deliberaciones del Consejo de Ministros saben que la realidad en torno a este vidrioso asunto anda lejos de la unanimidad. Sin que nadie quiere retratarse unívocamente, las sensibilidades en torno a la recuperación de la memoria histórica podrían situarse en un abanico en el que el titular de Defensa, José Bono, por un lado, y la vicepresidenta, Maria Teresa Fernández de la Vega , por otro, podrían ejercer de extremos.

 Mientras el ex presidente de Castilla-La Mancha tiene claro que remover la historia no puede traer más que problemas la número dos del gobierno, aun dentro de su reconocida discreción, no ha perdido oportunidad de prestar su nombre y presencia a actos vindicativos de la legalidad republicana y críticos con el régimen franquista.

Así, en el tiempo que ocupa el cargo, ha acudido a presentar sólo tres libros: “Trece rojas rojas”, de Carlos Fonseca, que recrea la olvidada historia de trece jóvenes milicianas fusiladas por las tropas nacionales a su entrada en Madrid, “Federica Montseny, una anarquista en el poder”, de Irene Lozano, biografía de la primera ministra de la historia de España, aunque la tragedia del albergue de Morella la obligó a delegar en la actual ministra de Sanidad, y la reedición de “Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas”, de Tomasa Cuevas Gutiérrez.

Entre ambos extremos podríamos situar a los que configuran el “núcleo duro” de Zapatero, más cercanos todos a otorgar el reconocimiento que merecen las victimas de la represión, y los ministros más “templados” y remisos a meterse en “jardines”.

Jesús Caldera, sin duda, se sitúa entre los primeros. Buena prueba de ello fue su viaje, en enero de 2005, a Moscú, para comunicar en primera persona, y con los suficientes periodistas para que dieran cuenta de ello, a los supervivientes de los “niños de la guerra” española la decisión del Parlamento español de concederles unas pensiones equivalentes a las mínimas que recibe cualquier ciudadano español. En aquel emotivo encuentro el titular de Trabajo llego a decir: “Era llegado el momento de cerrar esta brecha, y era de justicia hacerlo”.

Los titulares de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, aunque más discretamente, también ocupan plaza entre el grupo que aboga por realizar algún acto de justicia con  la legalidad republicana. El ministro de los funcionarios no ha ocultado su amistad con Lázaro Cárdenas Batel, actual gobernador de la provincia mexicana de Michoacán, nieto del presidente Cárdenas, quien dio cobijo a tantos republicanos españoles  en la posguerra y ha sido objeto de recientes homenajes en España por ese motivo. López Aguilar, por su parte, aunque ha tenido que dar la “mala noticia” de que es imposible revisar los consejos de guerra del franquismo –”tienen efecto de cosa juzgada, aunque hayan vulnerado derechos fundamentales”, ha dicho el ministro– se ha ubicado siempre cerca de los posibles resarcimientos que la ley permita.

José Montilla tampoco tiene dudas sobre en qué fiel de la balanza del Consejo colocarse. El primer secretario del PSC acudió en octubre de 2004 al primer homenaje oficial tributado al presidente de la Generalitat catalana Lluis Companys, ejecutado por las tropas franquuistas. Al mismo acto acudió De la Vega y Pasqual Maragall, ya sucesor suyo al frente del Govern catalán, para señalar que el gobierno socialista, aunque no pudiera anular la condena a Companys por problemas jurídicos sí abordaría la “elaboracióm urgente de un proyecto de ley que permita restablecer la dignidad y el honor y dar cumplida satisfación moral y jurídica” a las víctimas de juicios del franquismo.

Otros ministros menos señalados políticamente también han “dado la cara”, por decirlo de alguna manera, en el resarcimiento moral, al menos, de las víctimas de la dictadura. La titular de Cultura, Carmen Calvo, ha tenido que lidiar con la decisión de devolver a Cataluña los documentos propios contenidos en el archivo de Salamanca, fruto del expolio de las tropas franquistas durante la Guerra Civil. “No nos pueden pedir que olvidemos que la anterior Constitución de este país fue la del 31” , explicaba, indignada, en esos días a El Siglo. Magdalena Álvarez, por su parte, daba curso a una histórica reivindicación: retirar la estatua ecuestra de Franco que todavía presidía un lateral de su edificio ministerial en pleno centro de Madrid.

Otros pesos pesados del Ejecutivo, sin embargo, como el vicepresidente Solbes, sin carné del PSOE por otra parte, se resiste cada vez que se menciona el asunto por lo que pueda suponer de gasto para el erario público sin una cuantificación concreta.

Ante este panorama, Zapatero, que siempre ha hecho gala de su respeto por la historia, a pesar de su juventud, parece estar optando por la prudencia en este momento. El PSOE, como tal, no tiene previsto acto alguno en conmemoración del aniversario de la Segunda República , como tampoco ha apretado el acelerador en la ley de memoria  histórica que le reclama la izquierda del hemiciclo desde que llegara al poder.

Sin embargo, tampoco puede decirse que haya olvidado por completo su compromiso con el electorado en torno a este asunto. El primer congreso del PSOE celebrado tras la victoria del 14-M acordó, por primera vez en su historia, una resolución que instaba al Gobierno a “promover el retiro y ubicación de todos los símbolos externos que subrayen la confrontación“ civil del 36. Zapatero la atendió y por eso fue retirada la última estatua ecuestre de Franco en las calles de Madrid. Pero, por ejemplo, y esto es poco conocido, aún no ha quitado una placa situada en la fachada del Palacio de la Moncloa que recuerda a Franco como quien inaugurara el edificio después de su reconstrucción tras la guerra. La misma placa que González justificó a Yáñez como “parte de la historia” para “no tocarla” , continúa en el mismo lugar con Zapatero de inquilino del Palacio.

“Las medidas económicas que se puedan tomar serán pocas, porque ya se han tomado algunas”, avisan en Presidencia respecto a la futura Ley de la Memoria aludiendo a las pensiones de los “niños de la guerra” de Rusia u otros reconocimientos a militares republicanos. “La mayor parte serán cuestiones simbólicas, que no es poco”, añaden. Entre ellas, aún por decidir, se encontrará alguna en relacion con el Valle de los Caídos. Precisamente, el Consejo de Europa acaba de aprobar, a instancias del socialista Luis Yáñez, una resolución que condena el franquismo y aboga por declarar el 18 de julio como día internacional de repulsa al régimen de Franco y a instalar una exposición permanente en el citado Valle de los Caídos para que nadie olvide cómo fue construído.”Nadie habla de publicar una lista de verdugos, sino de los fusilados, para reponer su honor”, explica Luis Yáñez, que confía en que el Parlamento Europeo también haga suya la resolución del Consejo. ¿Le replicará Zapatero hoy, como Felipe hace años, que eso “son cosas de la historia”?  

El abuelo republicano del presidente 

Fusilado el 18 de agosto de 1936 por su fidelidad a la legalidad republicana, Juan Rodríguez Lozano, nieto del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue capitán del Ejército e hijo de militar. Condecorado en África, también participó en la represión de la revolución de 1934 en Asturias, ordenada por el Gobierno constitucional. De talante moderado y próximo al ideario socialista, también se le atribuye pertenencia a la Masonería. El propio Zapatero reconoce su influencia determinante sobre su decisión de entrar de lleno en la vida política.

“(…) Su fe en el Ser Supremo es firme. A Él encomienda su alma de creyente que procuró siempre tener limpia de faltas, y a Él también encomienda la felicidad de su esposa e hijos. A Él, en este momento de abominables pasiones, pide la paz de España y de la Humanidad. Muere inocente y perdona. Pide a su esposa e hijos que perdonen también. 6º - Que cuando sea oportuno se vindique su nombre y se proclame que no fue traidor a su Patria y que su credo consistió siempre en su ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humildes”. Así concluye el testamento dictado por el capitán Juan Rodríguez Lozano pocas horas antes de ser fusilado, el 18 de agosto de 1936, en Puente Castro (León), cuando tenía 43 años.

Este texto que fue revelado en su infancia al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por su padre, según ha confesado el secretario general del Partido Socialista, resultó determinante en el despertar de su vocación política. Zapatero ha citado a su abuelo en numerosas ocasionas, algunas, tan relevantes, como su discurso de investidura como presidente del Ejecutivo. En aquella solemne ocasión hizo referencia al pasaje de su última voluntad: “un ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humildes”. Más recientemente, en el prólogo de un libro sobre los españoles deportados al campo de concentración de Mathausen, durante la II Guerra Mundial, recordaba que su abuelo murió “defendiendo los valores de la democracia en la Guerra Civil española”.

Pero, ¿quién fue Juan Rodríguez Lozano? Hijo de un teniente de Infantería –Sebastián Rodríguez-, nació el 28 de julio de 1893 en Alange (Badajoz). En 1913 se inscribió en la Academia de Infantería de Toledo, prosiguiendo la tradición familiar. Seis años más tarde, ya con el grado de teniente fue destinado al norte de África, donde hubo de combatir contra los rifeños. Entre sus mandos se encontraba el General Sanjurjo, años más tarde, el destacado cabecilla de la asonada de 1932 y, posteriormente, la principal figura de la sublevación de 1936.

Por su valor en los combates obtuvo la Cruz del Mérito Militar, y en 1923 ascendió a capitán. Ese mismo año es destinado a la Península , primero a un destacamento situado en Lérida y, posteriormente a León, al Regimiento de Infantería Burgos nº 36. Fue precisamente con esta unidad con la que participó de nuevo en una acción de combate. El 12 de octubre de 1934, su regimiento parte hacia Asturias para sofocar, por orden del Gobierno de la República , la sublevación en el entorno de la huelga general revolucionaria que había comenzado una semana antes en el Principado. El capitán Rodríguez Lozano figura como ayudante del Coronel jefe de su regimiento, Vicente La Fuente Valeztena. El 14 de octubre participa en la toma de Ronzón, donde, según su historial militar,es “intensamente tiroteado” por los mineros sublevados. Permanece en Vega del Rey hasta el 18 de octubre, fecha en la que los revolucionarios entregan las armas en toda Asturias. Al día siguiente se desplaza a Mieres, donde el coronel La Fuente es designado como gobernador militar, y Lozano continúa siendo su ayudante. El 31 de octubre regresó a León, y un mes más tarde pasaba a la situación de “disponible forzoso”, condición en la permanece el 2 de abril de 1935, en la última anotación efectuada en su hoja de servicios, que se encuentra guardada en el Archivo Militar de Segovia.

El 20 de julio de 1936, la mayor parte del regimiento de Artillería de la ciudad de León y gran parte de los guardias de asalto que se sumaron a la sedición iniciada por Sanjurjo y Franco iniciaron el movimiento de ocupación de los lugares estratégicos. El comandante militar de la plaza, el general Carlos Bosch toma el mando de la provincia. Después de un tiroteo en la sede del Gobierno Civil, donde se encontraban reunidas en comisión permanente las autoridades civiles, finalmente son apresadas por los sublevados. Entre otros, el gobernador civil, el presidente de la diputación provincial, el alcalde de la ciudad –que también sería fusilado posteriormente-, y el capitán Juan Rodríguez Lozano. Menos de un mes después, sería asesinado por la insurgencia fascista.

Durante las fechas previas se había opuesto a la distribución de armas entre la población civil, como exigían numerosas organizaciones del Frente Popular en los momentos anteriores al intento de golpe de Estado que culminó en una larga guerra civil. El capitán García Lozano había sido autor de diversas colaboraciones en El Socialista, el órgano del PSOE, utilizando como firma pseudónimo tres estrellas, que son las que figuran en los galones de los capitanes. Por una de ellas fue sancionado.

Juan García Lozano era un notable lector, aficionado a la geografía, y en el momento de su detención estaba estudiando la carrera de Derecho. Otras fuentes también lo sitúan en la Masonería. Así lo revela Santiago río, uno de los máximos representantes de este movimiento en España, en su libro “La verdadera historia de los masones”, escrito en colaboración con Jorge Blaschke, y publicado por Planeta. Río comenta en su libro que, lejos de la leyenda negra que les persigue, los masones “forman un movimiento humanista encarnado en los valores de la democracia, la libertad y el pensamiento”. A Rodríguez Lozano se le asociaba con la logia “Emilio Menéndez Pallares número 15” , y según Óscar Campillo, en su biografía del presidente, se le conocía con el nombre de Rousseau en ese ámbito.

A su muerte, su viuda se vio obligada a alquilar varias habitaciones de la vivienda familiar y los locales de la planta baja que, desde entonces, albergaron comercios de alimentación. La casa, que era bastante grande, había sido el regalo de bodas de los padres y, aunque ahora se halla en el centro de León, entonces estaba a las afueras.

Desde su temprana incorporación, primero a las Juventudes Socialistas, y un poco más tarde al Partido, José Luis Rodríguez Zapatero siempre hizo referencia a la figura de su abuelo, de la que se siente especialmente orgulloso. Muchos consideran que ese talante moderado y dialogante, compatible con la firmeza en las convicciones, está determinado por la honda impresión que le causó el conocimiento del testamento del capitán, y el conocimiento de los distintos aspectos de su biografía personal y política.

P. A. N 

Republicanos de hoy en día

  L a II República terminó de modo trágico con la asonada militar de los generales Franco y Sanjurjo, hace ya casi tres cuartos de siglo, con un sangriento balance de centenares de miles de muertos y una represión salvaje que incluyó fusilamientos, torturas, cárcel y la condena de todo un pueblo al ostracismo y la miseria económica y cultural. Pero el fin de la dictadura no supuso una clara reivindicación de aquella legalidad democrática, ni de sus protagonistas. El concepto de república y la vindicación de los republicanos, de algún modo fue sacrificada en aras de la transición y de la reconciliación nacional. Hoy, a las puertas de la celebración del 75 aniversario de la II República , numerosas organizaciones que se reclaman de este ideario trabajan por la recuperación de la memoria, y también por la consecución de un nuevo régimen, con presidente en lugar de rey, en el Estado español.

“Todavía hoy, hablar de República en España constituye un tabú en muchos ámbitos. Hay una parte de la población empeñada en hacer pensar en la Guerra Civil a otra parte mayoritaria, cuando se menciona la república. Y eso, a la gente le da miedo”, nos comenta Joaquín Rodero, secretario de Organización de Izquierda Republicana (IR). Su partido es uno de los más relevantes –por tradición, por su influencia en el pasado y por su pertenencia hasta hace no mucho a Izquierda Unida- dentro de este ideario político en nuestro país, pero, ni mucho menos es el único. Otras 40 formaciones que figuran en el registro de partidos, y casi un centenar de asociaciones proclaman su convicción republicana y dedican sus actividades, tanto a la recuperación del conocimiento sobre aquel periodo histórico, como a la promoción de sus ideales con la vista puesta en la III República Española.

Algunos de ellos continúan teniendo un protagonismo de primera fila en la política nacional, como la ya mencionada Izquierda Unida –dentro de la que se encuentra el Partido Comunista de España-, Esquerra Republicana de Catalunya, tercera fuerza política en su comunidad autónoma y con ocho diputados en el Congreso, y otros, también con representación parlamentaria, como el Bloque Nacionalista Galego (BNG), la Chunta Aragonesista –cuyo representante en las Cortes es José Antonio Labordeta-, o Aralar.

Hace diez años, los estudios de opinión reflejaban que sólo el 15 por ciento de los encuestados se declaraban abiertamente republicanos. En varios sondeos del pasado año, esa cifra se había duplicado, llegando casi al 30 por ciento de la población.

Lo cierto es que tras los 40 años de represión directa ejercida por la dictadura franquista, el republicanismo no conseguía salir del túnel con la llegada de la democracia. En tiempos de dificultades, equilibrios y ruido de sables, la transición y el esfuerzo puesto sobre la mesa por todos los actores del momento, llevaba a pasar por encima de algunas cuestiones escabrosas en aras de la reconciliación entre todos los españoles. Los republicanos no veían satisfechas sus reivindicaciones históricas, y la monarquía heredada de la sucesión establecida por el dictador, tras su “lavado” constitucional, sería el marco en el que se desarrollaría el sistema democrático español. Pese a tratarse de una institución no muy bien valorada por el conjunto de la sociedad, los acontecimientos del 23 de febrero de 1981 y la aparición del monarca en la televisión pública alineándose con la democracia -junto con el miedo a una nueva intentona militar, en un ambiente de presión máxima-, otorgaron a la monarquía la simpatía popular y la aceptación de la que, hasta entonces, carecía.

Pero el republicanismo toma nuevo impulso hace una década de la mano de Julio Anguita, entonces coordinador general de Izquierda Unida, quien lo incluye entre las prioridades de la actuación política de su formación. En los últimos tiempos también estamos asistiendo a la emergencia de colectivos y asociaciones por la recuperación de la memoria histórica, empeñados en recordar los atroces episodios de la represión de la dictadura fascista de Francisco Franco, en la búsqueda de los restos de decenas de miles de víctimas que aún hoy permanecen en paradero desconocido –aunque no tan desconocido en algunos casos-, y en la reivindicación de aquéllos que dieron su vida o pagaron con su libertad la defensa del orden constitucional legítimo.

Junto a los partidos de tendencia republicana existen numerosas asociaciones diseminadas por todo el territorio nacional, cuyo ideario no sólo pasa por la reconstrucción histórica y la difusión para conocimiento general de sucesos relacionados con aquella época, sino también, el impulso político para la consecución de una nueva República en España. Como expresa el secretario de Organización de Izquierda Republicana, Joaquín Rodero, “este año es muy especial por tratarse un aniversario tan señalado y con tantas connotaciones. Nos vamos a volcar en los actos de homenaje a la II República , pero no somos nostálgicos. Habrá que dedicarse a las celebraciones, pero tratamos de dar un paso adelante. Existe la necesidad de una III República. Nosotros siempre hablamos del republicanismo del siglo XXI”.

Para esa conmemoración, solamente Izquierda Unida tiene prevista la realización de más de 2.000 actos por toda la geografía española. Esquerra Republicana convocó más de 200 el año pasado, y en esta ocasión piensa superar esa cifra. La práctica totalidad de partidos y organizaciones republicanas han convocado un acto central y unitario en Madrid para el próximo 22 de abril, y en esa fecha se producirán manifestaciones y concentraciones en todas las capitales de provincia y en las ciudades importantes del país.

Dentro de los actos del 75º aniversario ya se han desarrollado multitud de exposiciones, debates y mesas redondas. En la Universidad de Valladolid ha tenido lugar un ciclo que ha durado más de una semana, y ahora hay previsto otro en la Universidad de Getafe.

Partidos y asociaciones como la Plataforma de Ciudadanos por la República , la Asociación Manuel Azaña, la Asociación Juvenil Republicana, el Centro de Investigación y Estudios Republicanos, la Unidad Cívica por la República , el Colectivo Republicano Tercer Milenio, la Plataforma 14 de Abril por la III República , o los ateneos republicanos que existen en muchas provincias españolas, entre otros, se quejan de la escasa atención que les brindan los medios de comunicación, lo que consideran perjudica notablemente su labor de proselitismo, unido a las dificultades que encierra “hacer política republican dentro de la monarquía”, en palabras de Joaquín Rodero.

Parece cierto que el debate monarquía/república no ha ocupado en estos años un espacio destacado en la dialéctica política nacional. Sin embargo, con excepción hecha del PSOE (en origen, también republicano, aunque ahora no hace la menor referencia a ello), parece como si la reivindicación de una república como modelo de Estado perteneciese en exclusiva a las organizaciones de izquierda. Quizá la excepción la podemos encontrar en la Asociación cultural Liberales por la República (LIBRE), constituida por personas del ámbito del liberalismo, y entre cuyos miembros figuran antiguos militantes del Centro Democrático y Social (CDS) y de su rama juvenil, las Juventudes Liberales.

Sin embargo, en muchos de los países de nuestro entorno económico-cultural, como Francia, Alemania, Italia o Estados Unidos, la tradición republicana pertenece tanto a la izquierda como a la derecha.

Como curiosidad, cabe recordar que la mayor escisión producida en la Falange Española , allá en los años setenta, que pasó a denominarse Falange Auténtica, también abrazó la bandera tricolor como seña de identidad, y proclamaba su ideario de una república sindical.

Tras tres cuartos de siglo de casi completo ostracismo, los republicanos van a recobrar –al menos, por unos días- el protagonismo que la represión inicial y el “olvido” posterior les robó durante casi 70 años.

P. A. N