El anuncio de un “alto el fuego permanente” por parte de ETA no sólo abre una vía de esperanza para la definitiva pacificación y normalización política en el País Vasco y en el resto del Estado español, sino que también –en caso de que el proceso culminase con la entrega de las armas y el fin de toda su actividad– significaría el fin de la última gran organización terrorista en el Viejo Continente. Otros grupos que han empleado estrategias similares durante décadas en países de nuestro entorno han ido desapareciendo mediante procesos de muy diversa índole. Algunos, a través de largas y complicadas conversaciones de paz que, finalmente, han fructificado en acuerdos que han reconducido hacia canales estrictamente políticos la actividad de estas organizaciones. Otros, debido a la fuerte presión coercitiva de los aparatos estatales, no exenta, en algunos casos, de excesos represivos y hasta el recurso a la guerra sucia
y al propio terrorismo de Estado.

Por P. A. N.

El uso de la violencia y la utilización de tácticas terroristas se había convertido en una constante del desarrollo político europeo desde comienzos del siglo XX. Por diferentes razones y atendiendo a distintos idearios, numerosos grupos emplearon la violencia política con profusión a comienzos de la pasada centuria y, muy especialmente en el periodo de entreguerras. El final de la II Guerra Mundial implica un cambio cualitativo y cuantitativo de esta tendencia. La fase de reconstrucción tras el inmenso desastre que supuso la más sangrienta contienda de la historia, y la emergencia en el Este de regímenes socialistas, y en Occidente, la construcción de los denominados Estados del bienestar, conlleva una “tregua” de aproximadamente dos décadas.

Pero coincidiendo con las primeras revueltas en la zona oriental (Primavera de Praga) y la irrupción de lo que se denominó “Nueva Izquierda” en el Oeste –uno de cuyos más espectaculares efectos fue el Mayo del 68-, el panorama político vuelve a agitarse y sirve de marco para la irrupción de un recrudecimiento generalizado de la violencia política, especialmente en las sociedades europeas occidentales.

El terrorismo se desarrolla como una estrategia compleja que utiliza la violencia para sostener o apoyar unos fines sociopolíticos, y también económicos determinados, y a ella han recurrido partidos, grupos étnicos, comunidades religiosas, movimientos nacionales, organizaciones políticas de distintas ideologías y ciertos Estados. Las intenciones desestabilizadoras de sus promotores, en líneas generales van dirigidos contra objetivos en función de su relevancia social, política, económica, o por su carga simbólica. El diseño está enmarcado en una estrategia global.

En el caso de los grupos que surgen desde esas fechas en Europa occidental, desarrollan sus actividades –a excepción de España y Portugal- en el contexto de unos regímenes democráticos, pero, a diferencia de la situación entre las dos grandes guerras, estos Estados cuentan con muchos más medios que en el pasado para hacer frente a esta amenaza. Los aparatos policiales y judiciales disponen de una mucho mayor capacidad de represión, mayor coordinación y, sobre todo, más medios. Este hecho condiciona de modo definitivo el modus operandi de estos nuevos grupos violentos, cuya organización, por primera vez, está enormemente centralizada. Se diseñan estrategias generales de lucha y se estudian los golpes –muy selectivos en una primera fase- para tratar de quedar fuera del alcance represivo de los aparatos del Estado.

Sin embargo, este modelo organizativo, útil en principio para eludir la acción de la justicia, se termina convirtiendo en el germen de la desaparición de estos grupos. El aislamiento obligado, la rigidez organizativa, la permanencia en la clandestinidad, provocan un distanciamiento creciente de los movimientos sociales a los que pretenden representar, y todo el aparato logístico se dedica en última instancia, sencillamente a la autosupervivencia. La historia demuestra –ahí están los casos de las Brigadas Rojas o de la misma ETA- que una situación de lucha armada en la que el apoyo social decrece sistemáticamente, tiene como consecuencia constantes disensiones internas por la estrategia, numerosos reclamos al retorno a la vida política y, en una última fase, la generación de escisiones que colocan al grupo terrorista en la marginalidad absoluta, y en muchos casos lo llevan a la desaparición.

En el caso de los grupos de extrema izquierda, muchos estudios históricos han abundado en la teoría de que resultan fácilmente infiltrables por los servicios secretos –nacionales o extranjeros- y que, en el mejor de los casos, han sido en muchas ocasiones compañeros de viaje de estrategias desestabilizadoras promovidas desde los propios aparatos de seguridad, infiltrados, a su vez por la extrema derecha o por servicios de inteligencia foráneos con claros intereses en el control político de un determinado país. Ahí está el caso italiano con la Operación Gladio , que ha actuado durante 40 años en la nación trasalpina, o la Logia P-2 , que operaba a sus anchas en el entramado policial y judicial.

También conviene recordar la denuncia efectuada por el ex agente de la CIA , Phillip Agee, a finales de la década de los 70, en la que acusaba a esta organización de inteligencia norteamericana de ser la principal inductora de la creación del GRAPO en España.

Más allá de sus maniobras de desestabilización desde dentro de determinadas estructuras estatales, la extrema derecha también ha recurrido a la conformación de organizaciones terroristas, con idéntica finalidad. Más inestables en el tiempo y más efímeras organizativamente, sin embargo, sus golpes suelen ser los más cruentos y los más indiscriminados, y suelen coincidir con momentos en los que se produce un repunte de la actividad de los grupos violentos de extrema izquierda. El objetivo, muy estudiado a lo largo de todos estos años, es fomentar lo que se calificó como estrategia de la tensión, bien para conseguir la debilitación del Estado y preparar las condiciones para un cambio de régimen, o bien para provocar un endurecimiento de las normas y un mayor control sobre las actividades políticas y sindicales.

Pero el momento histórico es otro. Casi todas estas organizaciones de diversas tendencias han desaparecido del mapa político y físico europeo. Los atentados de origen fascista llevan tiempo sin producirse en el Viejo Continente (aunque permanecen numerosos grupos de esta tendencia que ejercen violencia callejera). El Ejército Republicano Irlandés (IRA), tras un largo proceso de paz, firmaba unos acuerdos definitivos con los gobiernos británico e irlandés; las Brigadas Rojas, a fuerza de represión, están desaparecidas en la práctica. La Fracción del Ejército Rojo, más conocida como “Banda Baader-Meinhoff”, prácticamente desaparecía de la escena alemana cuando la mayor parte de sus dirigentes “fueron suicidados” en las cárceles germanas.

El anuncio de un “alto el fuego permanente” por parte de ETA, en caso de que las conversaciones que van a comenzar de modo inminente, consigan un acuerdo para el definitivo abandono de las armas por parte de esta organización, significarían la desaparición del último gran grupo armado que aún pervive en territorio europeo.  

La ‘cuestión irlandesa’

Tras más de 30 años de conflicto y algo más de 3.000 muertos desde que comenzara su actividad, el Ejército Republicano Irlandés entregaba las armas y proclamaba el fin definitivo de la violencia. Aunque durante estas décadas también se produjeron muchas irregularidades y la utilización de la “guerra sucia” por parte de diversos gobiernos británicos, el fin de la actividad terrorista se ha producido finalmente a través de la vía negociadora.

El proceso que concluía con la definitiva disolución del IRA como grupo armado, en julio de 2005, y su incorporación a la vida política, ha sido largo y no ha estado exento de numerosas dificultades a lo largo de todo este periodo. Retrocesos, provocaciones mutuas, profundos disensos en las filas de los republicanos, amenazas de escisiones y otros muchos inconvenientes han ido jalonando una dilatada andadura, que ahora parece el modelo a seguir para las conversaciones que se esperan en nuestro país tras la proclamación del alto el fuego permanente por parte de ETA.

Curiosamente, las negociaciones de nuestros vecinos europeos habían tomado como referencia el proceso seguido en Sudáfrica para poner fin al apartheid y conseguir la plena normalización política del gigante africano. De hecho, los contactos entre representantes de aquel execrable régimen y miembros destacados del Congreso Nacional Africano, incluido Nelson Mandela, habían empezado a producirse incluso tres años antes de que éste fuera puesto en libertad.

Precedidos de un indeterminado número de mediaciones, los primeros contactos entre el líder del Sinn Fein, Gerry Adams, y John Hume, cabeza visible del Partido Socialdemócrata Laborista y, posteriormente, Premio Nobel de la Paz , se producen en 1988. A lo largo de cinco largos años, ambos políticos redactan conjuntamente un plan de paz que, el propio Hume se encarga de presentar al primer ministro británico, el conservador John Major. Tras la valoración del documento, y cuatro meses después del alto el fuego decretado por la organización republicana, el Gobierno de Londres da un histórico paso y expresa su voluntad de realizar esfuerzos en pos de una negociación que permita el cese de la violencia y la integración política y pacífica del IRA, a través de la “Declaración de Downing Street” –domicilio del primer ministro-, en diciembre de 1994.

En uno de los momentos más difíciles por los que atravesó un proceso de paz plagado de altibajos, el secretariado del IRA anunciaba la ruptura de la tregua en febrero de 1996, aunque a finales de julio del siguiente año, volvía a decretar el cese de las hostilidades y sólo mes y medio más tarde, el Sinn Fein aceptaba la propuesta de desarme efectuada por el Ejecutivo, que sería supervisada por observadores y facilitada por mediadores internacionales.

Tras estos pasos, se llegaba a la firma de los conocidos como Acuerdos de Viernes Santo en abril de 1998, con los que se ponían en marcha los mecanismos pactados para conseguir el desarme total. Pero las disensiones en el interior del IRA y la resistencia de alguno de sus sectores al camino emprendido, daban lugar a actos de ruptura de tregua, por lo que el Gabinete británico decidía suspender la autonomía de Irlanda del Norte y endurecer sus posiciones en febrero de 2000. Pero el proceso, a esas alturas ya resultaba imparable.

En junio de ese mismo año, el IRA permite el primer acceso a sus arsenales y, paralelamente, el Gobierno de Londres había emprendido una paulatina liberación de presos de la organización republicana, mediante un sistema de indultos parciales que conmutaban, en la mayoría de los casos, el tiempo de condena que les quedaba por cumplir. Entre los liberados había muchos imputados en delitos de sangre, incluidos autores de colocación de explosivos que habían acabado con la vida de varias personas, y también los acusados de haber participado en el atentado frustrado contra Margaret Thatcher, y los imputados en el que le costó la vida al primo de la reina, Lord Mountbatten. A finales de julio de 2000 habían sido liberados todos los presos del IRA que quedaban en las cárceles británicas.

En octubre de 2001, el IRA inutiliza sus arsenales y los somete a la supervisión del Gobierno, con la presencia de los mediadores. En julio del año siguiente, la organización armada pide público perdón por las víctimas ocasionadas durante todos los años del conflicto. El anuncio de la renuncia definitiva e irreversible a la lucha armada no llegaría hasta finales del mes de julio del año pasado.

El proceso que se había iniciado por parte estatal con un gabinete conservador, fue proseguido y culminado por una administración laborista que se había atenido, en líneas generales, a lo pactado anteriormente por sus antecesores en el gobierno. Tony Blair había dado un trato político a los presos del IRA y, de ese modo, se producía un reconocimiento implícito de las raíces políticas del conflicto, pero no se producían contrapartidas, no se pagaba un precio político por la paz, puesto que los republicanos norirlandeses no obtenían ningún cambio en el estatus de el Ulster, ni formaba parte de la agenda la soberanía británica sobre ese territorio, principal razón de ser de la lucha republicana en esa tierra ubicada en la isla de Irlanda.

La situación de los presos, como presumiblemente sucederá en España, constituyó el eje principal de las negociaciones.

Los mediadores que, durante años, participaron en estas exitosas conversaciones de paz, coinciden en la gran importancia que ejercieron los contactos previos y discretos que se mantuvieron previamente al inicio de las negociaciones como tales, para que éstas concluyeran de un modo favorable. Para todos ellos, además de este factor, resultó decisiva la creación de un clima de cierta “confianza” mutua y la comprensión de que la solución “militar” o por la fuerza, resultaba imposible para ambos, puesto que la clara inferioridad numérica y logística de los republicanos les imposibilitaba obtener de este modo sus propósitos políticos y, por otra parte, el Estado, pese a disponer de mucha mayor capacidad y medios, tampoco podía desmantelar por completo, pese a la coerción ejercida, la estructura del IRA, que se alimentaba constantemente, generación tras generación, de nueva savia que se iba incorporando a sus filas atraídos por lo que consideraban una causa justa.

A veces los procesos negociadores se alargan en el tiempo, precisamente, para hacer frente a uno de los mayores inconvenientes que, a juicio de mediadores expertos se producen en este tipo de conversaciones: la dificultad que se encuentra en el seno de las propias filas para que la opción adoptada sea entendida. Es un asunto delicado que puede generar disensiones que pongan en grave peligro el éxito de la gestión. Por eso, en casi todas las ocasiones se ha optado por tiempos dilatados, para dar espacio a la asimilación de lo que está sucediendo y a su aceptación. En el caso del IRA había que evitar que se dieran escisiones o tentaciones por parte de los más recalcitrantes a formar una especie de IRA Auténtico, que se desentendiese de los acuerdos y prosiguiese con su actividad armada.

En el caso de los Estados, también para dar tiempo a sus estratos más refractarios, pero, sobre todo, a los más agraviados por la actividad terrorista, como las víctimas y sus familiares, a los que siempre resulta difícil de entender que los que tanto les han dañado ahora caminen libremente por las calles. En el caso irlandés, éste ha constituido uno de los principales obstáculos –como probablemente ocurra en nuestro país-, aunque también se han producido muestras de enorme generosidad por parte de muchos integrantes de este colectivo que, hasta en algún caso, han pasado de posiciones abiertamente beligerantes contra la excarcelación de los activistas republicanos, a participar activamente en toda clase de foros públicos en apoyo del proceso de paz.  

  El extraño caso de las Brigadas Rojas

S obre esta organización italiana siempre pesó la sospecha de estar promovida o, al menos infiltrada, por elementos de la ultraderecha italiana y de los servicios de inteligencia italianos y norteamericanos. Su crecimiento y el recrudecimiento de sus acciones solían coincidir, curiosamente, con los repuntes de los atentados de la extrema derecha, lo que, visto en conjunto, daba lugar a lo que muchos analistas de la época –y posteriores- denominaban la “estrategia de la tensión”.

Se fundaron en 1969, con una estructura semilegal y su actividad se centraba en las ciudades de Milán y Turín. Originalmente integrada por estudiantes, sus primeras acciones se encaminan al sabotaje industrial. En 1972 realizan su primer secuestro –un jefe de fábrica liberado a las pocas horas-, pero dos años más tarde dan un salto cualitativo con el asesinato de dos miembros del fascista Movimiento Social Italiano. Desde ese momento dirigen sus golpes contra las estructuras del Estado: la magistratura, policías y fuerzas de seguridad, políticos –especialmente de la Democracia Cristiana gobernante-.

Su acción más espectacular, pero también la que supuso el principio de su ocaso, fue el secuestro del ex primer ministro y líder indiscutible de los demócrata-cristianos, Aldo Moro, en 1978. Precisamente, en el momento en que el político italiano acababa de alcanzar un gran pacto con el Partido Comunista Italiano –el “Compromiso Histórico”-, por el que esta formación (a la que todos los sondeos otorgaban una mayoría de cara a las siguientes elecciones) daría su apoyo parlamentario al Gobierno. Tras 55 días de secuestro en el que los brigadistas anunciaron que estaba siendo sometido a un “juicio popular”, y diversos comunicados, incluidos angustiosos mensajes del secuestrado, su cadáver fue descubierto el 9 de mayo. No sólo concitó las airadas protestas de todo el arco político italiano, sino el rotundo rechazo de la mayoría de los presos de las propias Brigadas Rojas que se encontraban en las cárceles trasalpinas.

La reacción no se hizo esperar. El Ejecutivo aprobaba la Ley de 22 de mayo que permitía los registros personales sin mandato judicial, se establecían medidas cautelares en los confinamientos y se ampliaban los plazos de la prisión preventiva. Otra ley, de 18 de mayo, militarizaba las cárceles, daba al Ejecutivo la potestad de clausurar sedes de partidos políticos, permitía la intervención de las comunicaciones telefónicas y admitía los interrogatorios a sospechosos sin presencia letrada.

Con estas modificaciones legislativas, muchos intelectuales de la izquierda italiana, como Toni Negri, fueron detenidos y encarcelados, aunque años después se demostraba que no estaban vinculados a la banda. En las siguientes elecciones legislativas, el PCI recibió uno de los mayores varapalos electorales de su historia y se inició el comienzo de su declive.

Muchos investigadores ubican el origen de las Brigadas Rojas en la Red Gladio , una organización financiada por los servicios secretos norteamericanos, que fue descubierta en 1990, y que operó durante 40 años en Italia, cuyos tentáculos llegaban a todas las estructuras del Estado, desde la judicatura, pasando por los partidos y sindicatos, llegando a los servicios de información y espionaje. Parte de esta estructura estaba conformada por la Logia P-2 , también descubierta en los 90, que actuaba con objetivos desestabilizadores, especialmente en las fuerzas de seguridad y entre los magistrados.

La última actuación de las Brigadas Rojas –o lo muy poco que queda de ellas- data de marzo de 2003; un tiroteo en la estación de Terontola en la que dos activistas y un policía perdieron la vida. En octubre de ese año, seis terroristas fueron detenidos en una redada simultánea en Roma, Pisa, Cerdeña y Sicilia. A fecha de hoy se estima que la organización no está integrada por más de 50 activistas que, además están divididos en dos facciones.

Baader Meinhoff, cuando al Estado ‘se le va la mano’

El  fin de las actividades violentas de la Fracción del Ejército Rojo (Rote Armee Fraktion, en alemán) germano no pudo ser más trágico. El origen de este grupo armado se sitúa en la primavera de 1967, cuando la muerte de un estudiante a manos de la policía repercutió de forma impactante en el movimiento estudiantil alemán. Ya, en plena influencia del Mayo del 68, un grupo de universitarios tratan de incendiar unos grandes almacenes en Frankfurt, acción por la que son detenidos Andreas Baader y Gudrun Ensslin. Dos semanas después se produce un atentado contra el dirigente estudiantil Rudi Dutschke, lo que acabó de encender los ánimos de un colectivo universitario que toma la decisión de emprender acciones violentas y organizadas. Este grupo libera a Andreas Baader de una prisión de Berlín en mayo de 1970, y este acto es el primero reivindicado por la RAF. Desde ese instante, sus principales acciones fueron ataques incendiarios a sedes de organismos oficiales y determinadas publicaciones de prensa. Cuando Baader y Ulrike Meinhoff (considerada la ideóloga), junto con otros miembros de la organización fueron definitivamente detenidos en junio de 1972, la RAF no había cometido delitos de sangre. En aquel entonces, el grupo no contaba con más de 20 activistas y unos 200 elementos externos de apoyo.

Sus “herederos” dentro de la Fracción del Ejército Rojo iniciaron un rotundo cambio de estrategia. A mediados de los setenta comienza la colocación de explosivos en centros oficiales, el secuestro de políticos, asaltos a entidades bancarias. La consecuencia inmediata fue la promulgación, en 1975, de la conocida como Ley Baader-Meinhoff Gesetz, por la que se reducen los derechos de los acusados, se limitaba la capacidad de actuación de los abogados y se decretaba asilamiento total para un centenar de presos acusados de terrorismo.

En 1976, la policía alemana detenía a la mayoría de los integrantes de la RAF , y el 9 de mayo de ese año, Ulrike Meinhoff aparecía ahorcada en su celda. En abril del año siguiente, la banda reivindicaba el asesinato del fiscal Siegfried Buback, y poco tiempo después, la sala de lo Penal del tribunal de Baden.Wurtemberg condenagba a Andreas Baader y a otros dos integrantes de la organización a cadena perpetua. En julio, la RAF asesinaba al banquero Jürgen Ponto, y en noviembre secuestraba al presidente de la Federación de Industrias Alemanas, Hans Martín Schleyer. Un poco antes, en octubre, un grupo que se identificó como palestino, secuestró un avión de Lufthansa y lo desvió a Somalia, exigiendo la liberación de los presos del RAF en las prisiones alemanas. Un grupo especial de la policía alemana, con ayuda norteamericana, en una espectacular operación, liberaba a los rehenes y daba muerte a los secuestradores. Pocas horas después, el industrial Schleyer era asesinado. El 18 de octubre, Andreas Baader y sus dos compañeros aparecían muertos en sus celdas.

La actividad de la Fracción del Ejército Rojo fue disminuyendo paulatinamente y sus acciones cada vez se producían de modo más distanciado, y eran de menor intensidad, sin que desde mediados de los 90 haya vuelto a producirse ninguna reivindicación por su parte.

La muerte de los dirigentes de la RAF arroja muy serias dudas sobre la actuación de las autoridades alemanas en aquellos momentos, y todavía hoy, sigue sin haberse producido ninguna investigación independiente sobre los sucedido, por lo que la versión oficial continúa siendo la del suicidio. 

La incógnita del Grapo

L a última acción atribuida a los Grupos de Resistencia Antifascista primero de Octubre (Grapo), fue reivindicada para estas siglas el 6 de febrero de este año. Fue un atentado contra el empresario Francisco Colell y su mujer, Ana Isabel Herrero, que resultó asesinada, en Zaragoza. También, el día 16 de febrero, dos individuos que se identificaron como pertenecientes a la banda, atracaron una sucursal bancaria en la madrileña localidad de Pinto, consiguiendo un pequeño botín de 6.000 euros.

Pese a que en numerosas ocasiones se ha dado por desarticulada esta organización, esporádicamente la prensa se hace eco de acciones muy aisladas reivindicadas por este grupo.

El Grapo nace de la Organización de Marxistas Leninistas Españoles, constituida en Bruselas en 1968 que, posteriormente se convertiría en el Partido Comunista (Reconstituido). A finales de la década de los 70, el ex agente de la CIA Phillip Agee viaja a España y denuncia ante los medios de comunicación que el Grapo, al igual que similares grupos que operan en otras naciones europeas, ha sido creado y diseñado por la potente central de Inteligencia norteamericana, con el ánimo de influir en el desarrollo de la política española, en un momento especialmente delicado de la transición.

Una de sus primeras y más espectaculares acciones fue el secuestro del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, en noviembre de 1976, a pocos días del referéndum para la reforma Política. Tampoco parece casual que secuestrasen al presidente del Consejo Superior de Justicia Militar, el general Villaescusa, el 24 de enero de 1977, el mismo día que un grupo de pistoleros de extrema derecha asesinaban a cinco abogados laboralistas en su despacho de la madrileña calle de Atocha. Del mismo modo, sólo cuatro días después, en medio de una casi insoportable tensión, el GRAPO volvía a asesinar a varios policías nacionales. En 1979, la banda cuadruplicaba el número de atentados, pero muchos los señalaban como un grupo manipulado por la ultraderecha o por servicios de inteligencia.

Ante la escalada de la tensión provocada por las constantes acciones terroristas de ETA y GRAPO, en diciembre de 1984 se promulgaba una ley orgánica contra la actuación de bandas armadas que ampliaba los plazos de detención e incomunicación de los acusados, restringía los derechos de asistencia letrada y permitía registros policiales, la intercepción de las comunicaciones y la suspensión cautelar de partidos, asociaciones y cargos públicos, muy en la línea de la legislación especial italiana.

A comienzos de los 80, la policía detiene a la gran mayoría de los dirigentes y de los comandos operativos, y tras la muerte en enfrentamientos con las fuerzas de orden público de dos de sus máximos dirigentes, Enrique Cerdán, en 1981, y Juan Martín Luna, en 1982, la actividad de la banda decrece enormemente. En 1985, un nuevo gran golpe policial desarticula la nueva estructura, y en 1989, al igual que sud¡cede con los de ETA, sus presos son dispersados. Desde ese momento, su actividad ha resultado casi anecdótica, aunque parece que, tras el atentado de Zaragoza, aún no se puede dar por totalmente desarticulada.

Las ‘tramas negras’

L os grupos terroristas de extrema derecha se han desarrollado con mayor facilidad en escenarios de dictaduras en su última fase o en sistemas democráticos débiles o inestables. Estos grupos, a menudo amparados por ciertos elementos del aparato del Estado ubicados en las fuerzas de orden público, en los servicios secretos o en la judicatura, han tenido una aparición intermitente en diversos países de Europa Occidental.

El Movimiento Social Italiano (ahora evolucionado hacia posiciones democráticas e integrante de la coalición de gobierno en Italia), participó en los intentos de golpe de Estado encabezados por el general De Lorenzo, en 1964, y por Valeri Borghese en 1970. Una escisión de esta formación, surgida en 1956, Ordine Nuovo, fue una de las que tuvo mayor protagonismo en los turbulentos años setenta en Italia. Uno de sus dirigentes, Stefano delle Chiaie, finalemente se exilió en España y fue imputado en los sucesos de Montejurra.

En 1979 surgen Terza Posizione y los Nuclei Armati Revoluzionari, a los que se les imputa la autoría de numerosos atentados con bomba indiscriminados, y especialmente la colocación de los explosivos que causaron 85 muertos y 200 heridos en la estación de Bolonia, en agosto de 1980, y también del atentado contra el expreso Roma –Milán, que ocasionó 16 víctimas en diciembre de 1984. La investigación de estos hechos y de los grupos en cuestión conducía a los propios servicios de inteligencia italianos, y llevaba hasta la Logia P-2 de Licio Gelli. En la investigación se descubría que buena parte de los jefes de los servicios secretos pertenecían a la logia, todo ello inserto en una estrategia global, la Red Gladio , que llevaba 40 años operando desde el corazón del Estado.

En Alemania quedan multitud de grupos nazis, tras la desaparición del NPD. Al entorno de esta organización ultraderechista se le imputa el atentado que causó la muerte de 13 personas y 200 heridos durante la celebración de la tradicional Fiesta de la Cerveza en Munich, en septiembre de 1980. desde entonces, su principal actividad está dirigida contra inmigrantes, sinagogas y centros públicos relacionados con los servicios sociales.

En España, estas organizaciones comienzan a despuntar a finales de la década de los 60. Surgen, entre otros, el Partido Español Nacional-Sindicalista, y el Movimiento Social Español (homólogo de sus “colegas” trasalpinos). Sus acciones se concentran en ataques a la prensa aperturista, librerías y centros culturales –embrión de los movimientos sociales-. Otros grupos posteriores, como la Alianza Apostólica Anticomunista (la triple A) dan un salto cualitativo a sus acciones, que ya incluyen la colocación de bombas y el asesinato. Es en la segunda mitad de la década de los 70 cuando las acciones de los distintos grupos terroristas de extrema derecha se recrudecen. Diversos asesinatos –cabe destacar los de los abogados laboralistas dela calle Atocha, el atentado contra los dirigentes de Herri Batasuna Josu Muguruza (que resultó asesinado) e Iñaki Esnaola, en noviembre de 1990-.

También en este apartado habría que incluir a aquellas organizaciones que, en un momento determinado actuaron amparadas por ciertos elementos de los aparatos del Estado en una labor teóricamente “contraterrorista”, como fueron, primero el Batallón Vasco-Español, y posteriormente, el GAL.

En la actualidad, ninguna de estas bandas permanece en activo, pero, históricamente parece demostrado que su carácter es coyuntural y que nunca permanecen organizadas del mismo modo, ni bajo la misma estructura por un largo periodo de tiempo.