La alcaldesa y otras 22 personas, detenidas por los escándalos urbanísticos

GOLPE JUDICIAL A LA CORRUPCIÓN MARBELLÍ

El negocio urbanístico no ha tenido en España tan mala prensa como en Marbella, donde un puñado de gestores variopintos han protagonizado sucesivos escándalos a golpe de ladrillo. Primero fue Jesús Gil, alcalde de la localidad malagueña, el que llegó a dar con sus huesos en la cárcel pero que permaneció durante más de una década al frente del Consistorio de una ciudad que él mismo rediseñó erigiendo bloques de cemento a lo largo de toda la costa. Le sucedió Julián Muñoz el breve, al que antiguos compañeros del GIL le hicieron una moción de censura en menos de un año para tomar las riendas del Ayuntamiento gracias, entre otras, a la tránsfuga del PSOE y antiguo azote de Gil, Isabel García Marcos. Unos y otros, con la supuesta intervención del hasta ahora asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, han ido incrementando la abultada nómina de denuncias que se ha saldado con el procesamiento y detención de prácticamente todo el equipo de Gobierno municipal.

Por E. S.

Recién iniciada la década de los noventa, el Ayuntamiento de Marbella comenzó la que sería una imparable acumulación de denuncias y condenas judiciales. El controvertido Jesús Gil acababa de llegar a la alcaldía con su partido Grupo Independiente Liberal (GIL) y su nuevo ordenamiento de la ciudad empezó a levantar sospechas. Una socialista, Isabel García Marcos, se convertía en el azote del primer edil ya fallecido. La concejala del PSOE denunciaba supuestas irregularidades en la concesión de obras públicas, el caso de las camisetas sobre la supuesta malversación de fondos públicos para financiar al Atlético de Madrid presidido por Gil saltaba a las primeras páginas de la prensanacional mientras los tribunales inhabilitaban al alcalde, y el caso Marbella sobre un presunto delito de malversación y falsedad documental acababa por llevarle a prisión.

El alcalde y presidente del club de fútbol, que acusa a políticos y magistrados de haber iniciado una "cacería" contra él, dimite. Le sustituye su primer teniente de alcalde, Julián Muñoz, que aunque también ha sido condenado e inhabilitado en dos procedimientos judiciales por delito urbanístico, ha resultado ser el único que ha intentado enderezar la deriva suicida a la que estaba abocado el Consistorio malagueño. En agosto de 2003, concejales del GIL y tránsfugas del PSOE y el Partido Andalucista, encabezados por Isabel García Marcos y Carlos Fernández, respectivamente, presentan una moción de censura contra Muñoz. El alcalde había cesado dos días antes al gerente de Urbanismo desde la época de Jesús Gil, Juan Antonio Roca, y acababa de aceptar las recomendaciones de la Junta de Andalucía para redactar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) acorde con la legislación autonómica. Sin embargo, y a pesar de estos dos signos evidentes de que el primer edil pensaba poner coto a la desmesura que había presidido la gestión municipal desde hacía más de una década, el nuevo equipo de Gobierno se presentaba como el redentor de la ciudad, capaz de imponer la cordura en un Ayuntamiento que acumulaba cientos de denuncias, de intervenciones del Tribunal de Cuentas y de condenas judiciales. Pronto se repartieron los papeles. Marisol Yágüe, más conocida entonces por sus canciones rocieras que por sus responsabilidades en el Ayuntamiento, sería la alcaldesa. La primera teniente de alcalde y responsable de Puerto Banús, la concejala tránsfuga del PSOE, que en dos años y medio ha ejercido el poder en la sombra de la alcaldesa. La guinda a este enrevesado matrimonio de conveniencia política la puso Roca, esta vez con el cargo de asesor, más discreto que el de gerente pero, a la luz de los acontecimientos, igual o más efectivo que en los años en que dirigía la política urbanística de Gil.

Las prisas son malas consejeras o la avaricia ha roto el saco. El caso es que en este breve periodo de tiempo, Yagüe, García Marcos y Roca han logrado batir marcas que ni el propio Jesús Gil logró superar en algo más de diez años. El pasado mes de noviembre, el presidente de la Junta de Andalucía anunció la retirada de las competencias urbanísticas del Ayuntamiento de Marbella, un hecho insólito en la autonomía. Manuel Chaves dijo entonces que al igual que el Gobierno de Jesús Gil y Julián Muñoz, el equipo de Gobierno presidido por la alcaldesa Marisol Yagüe "ha incumplido la legalidad urbanística y no ha acatado ninguno de los autos y sentencias judiciales" contra obras en construcción. A mediados de este mes de marzo, La Junta notificaba ya al Ayuntamiento marbellí el inicio del expediente de retirada de las competencias a través de una orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Como preludio de lo que se le venía encima, un juzgado de la localidad malagueña le embargaba hace poco a la alcaldesa su vivienda por el impago de casi un millón de euros de unas obras de reforma, cuando ya estaba imputada por malversación por presunto desvío de materiales del Ayuntamiento para acometer la obra.

Días después daba comienzo la operación Malaya, una investigación en parte posible por las conversaciones telefónicas interceptadas en el caso Ballena Blanca, la mayor actuación policial en España contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y centrada también en la localidad de la Costa del Sol; las dos investigaciones están dirigidas por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, y se enmarcan en un plan de la Dirección General de la Policía para perseguir la corrupción urbanística en la zona.

La mañana del miércoles 29 de marzo, la policía entraba en las dependencias municipales y en la vivienda de la alcaldesa y detenía a Marisol Yagüe y a Juan Antonio Roca, además de a los concejales del equipo de Gobierno José Jaén y Victoriano Rodríguez, y al secretario del Consistorio, Leopoldo Barrantes. La operación, que también se desarrolló simultáneamente en Madrid, Murcia, Huelva y Cádiz y en la que se practicaron 17 registros, se saldó en un sólo día con la detención de hasta un total de 20 personas y con la intervención de 1.000 cuentas bancarias y de 275 obras de arte de pintores y escultores de gran prestigio, caballos de pura raza, armas de valor, importantes cantidades de dinero, vehículos de lujo y un helicóptero, además de material electrónico y cajas de seguridad de interés para la investigación. El ministro de Interior, José Antonio Alonso, ha cifrado en más de 2.400 millones de euros los bienes incautados en el transcurso de la operación.

Un día después, la policía detuvo al tercer vértice del triángulo de poder sobre el que recaen todas las sospechas: Isabel García Marcos era detenida en el aeropuerto, recién llegada de su viaje de novios a Rusia. Horas después, Marisol Yagüe declaraba ante el juez instructor acusada de malversación, cohecho, blanqueo de dinero, tráfico de influencia y maquinación. Su abogado la excusaba: "Si ha ocurrido algo, es ajeno a su intención" porque, debido a su cargo, firma "500 o 600 documentos al día".

Al margen de la investigación policial y judicial –al cierre de esta edición ya eran 23 personas las detenidas–, los hechos ya conocidos suman cifras de vértigo. Mientras Gil y Muñoz acumularon en sus sucesivos Gobiernos municipales 211 impugnaciones de la Junta de Andalucía a sus permisos de obra por ser contrarios al PGOU vigente de 1986, Yagüe y su equipo casi alcanzan a sus antecesores en sólo dos años y medio con 178. Por otra parte, la alcaldesa ha hecho oídos sordos a los 54 requerimientos para revisar licencias ilegales concedidas por sus antecesores, a las 250 reclamaciones para paralizar obras declaradas ilegales por los tribunales y a las 115 notificaciones de la Fiscalía de Medio Ambiente sobre medidas urbanísticas presuntamente contrarias a la ley. Y según el urbanista encargado de redactar un nuevo PGOU para Marbella, un plan en un principio acatado por Yagüe pero rechazado en los últimos tiempos con la excusa de que las arcas municipales no podrían asumir el coste –el Tribunal de Cuentas ha declarado al Ayuntamiento en quiebra técnica–, en los últimos años se han edificado 30.000 viviendas ilegales en Marbella, de las que el 85% podrían ser regularizadas con un sistema de compensaciones; el resto queda fuera de la ordenación del territorio urbano por estar localizados en terrenos destinados a equipamientos públicos.

El problema es qué hará ahora la Junta con el Consistorio, con más de la mitad del equipo de Gobierno procesado. Aunque si de este modo se pone fin a los desmanes marbeIlíes, cualquier medida de urgencia hasta las municipales de 2007 merecerá la pena.