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Ajuste de honores
En Toulouse los muchos exiliados españoles de la II República, huidos a esa ciudad francesa –todos los que aún viven, o sus hijos, o sus nietos–fueron objeto hace unos días del reconocimiento explícito del Gobierno galo, del alcalde de la ciudad, Jean-Luc Moudenc, y del rey Juan Carlos I. El alcalde subrayó que el Rey había contribuido de forma decisiva a conseguir "cuarenta años después el ideal de libertad, que era el primer objetivo de los republicanos españoles, nuestros hermanos".
Pero, mientras, en España sigue siendo misión casi imposible tributar el homenaje que se merece el régimen republicano, quebrado brutalmente por el golpe militar del 17/18 de julio de 1936 y por la guerra civil subsiguiente. No sólo continúa siendo una meta difícilmente alcanzable, sino que la prometida ley socialista de la memoria histórica se halla varada por los temores de Zapatero a la embravecida furia conservadora. Temores fundados, sin duda. ZP viene siendo acusado sistemáticamente de radical, de peligroso gauchista, de sedicente español, de masón, de venerar a su abuelo, el capitán Lozano, fusilado en Puente Castro (León) por los militares sublevados, de perseguir a la Iglesia y de toda una retahíla de calamidades, desgracias y traiciones de lesa patria. La derecha trata de envolver a Zapatero con el manto de la ignominia.
La República sigue siendo en España tabú. Los historiadores revisionistas llevan tiempo regando la hiedra de la manipulación. Según sus versiones, los culpables de la rebelión de Franco fueron los republicanos y, más concretamente, las izquierdas y los separatistas. En el abominable arte de sembrar la falsedad, tipos como Ricardo de la Cierva, César Vidal o Pío Moa son reputados maestros. Conste que no inventan nada. Así nos enseñaron –en las escuelas de la posguerra– la his-toria de España correspondiente al capítulo de la II República y la Cruzada de Liberación Nacional. También nos decían que el Caudillo tuvo que intervenir ante el peligro inminente de que los comunistas se hicieran con el poder. En una guerra ya preventiva, Franco salvó a España del comunismo.
No se trata de un ajuste de cuentas. La Transición se hizo para enterrar los odios y nadie fue molestado lo más mínimo en función de su papel, el que fuera –incluso por relevante que fuera– en la Dictadura. No hubo vendetta política. Tampoco económica. No hubo investigación en torno a las fortunas –a veces más que sospechosas– de los prohombres del franquismo. La familia del dictador fue respetada también, aunque pesara sobre ella la sombra del enriquecimiento meteórico, fruto de la corrupción o de los negocios paralelos. Muchos altos cargos del Movimiento Nacional continuaron en el escenario político. Fraga Iribarne, por ejemplo, parece incombustible.
Pero va llegando la hora de situar en el lugar de honor razonablemente exigible a Manuel Azaña, presidente de la II República, y a cuantos representaron, desde distintas sensibilidades ideológicas, el ideal republicano. Sus restos mortales están enterrados en la ciudad de Montauban, precisamente cerca de Toulouse, al lado del cementerio viejo. Azaña, en el exilio todavía. Franco, en cambio, reposa en el Valle de los Caídos, su obra faraónica donde descansa el cadáver del general sublevado, y victorioso, hasta el fin de los tiempos. Va llegando la hora de conocer lo que ocurrió realmente durante la represión franquista y de que los muertos republicanos, todos, reposen con la dignidad debida. Llegará esa hora. Antes o después llegará. No, no es un ajuste de cuentas. Es un ajuste de honores.
Enric Sopena
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