Josu Erkoreka, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados

"ALGUNOS JUECES ESTÁN BOICOTEANDO EL PROCESO DE PAZ"

No se muerde la lengua al señalar a algunos jueces como "brazo político" de la estrategia del PP contra el Gobierno y sus intentos de que ETA abandone las armas. El portavoz del PNV en Madrid critica asimismo a la izquierda abertzale, a la que acusa de no haber cumplido su compromiso de sacar "el conflicto" de la calle, aunque también cree que las actuaciones judiciales contra Otegi responden a una orientación política clara. Señala a septiembre como el fin de un plazo clave para que Batasuna se legalice y pueda acudir a las municipales. Confía en el presidente Zapatero pero añade que su forma de administrar los tiempos produce perplejidad.

Por Inmaculada Sánchez

En opinión del PNV, estamos más cerca o más lejos que hace un mes, cuando las afirmaciones del presidente Zapatero alimentaron aún más la expectativa,de que el proceso que lleve al fin de la violencia se inicie?
— No lo sabemos porque tampoco conocemos en qué consiste exactamente el proceso. Recogemos la actitud optimista del presidente del Gobierno, compartimos su planteamiento positivo de cara al futuro, pero no sabemos en qué consisten las gestiones que pueda estar llevando a cabo. Le reconocemos el protagonismo en ese terreno porque tiene en su mano los instrumentos necesarios: la política penitenciaria, la política penal, la información de la policía, la guardia civil, el CNI, las relaciones internacionales... En fin, todos los elementos claves para abordar en este momento un proceso de este tipo y no tenemos por qué poner "peros" a su actitud optimista. Suponemos que habrá sido lo suficientemente ponderado a la hora de valorar la situación.

— Sin embargo, el lehendakari lbarretxe pidió hace pocas semanas al Gobierno que tomara la iniciativa y que, si no hacía algo antes de septiembre, sería él quien lo hiciera. ¿Por qué habló de este plazo?
—Habría que preguntárselo a él. Lo que el lehendakari, creo yo, estaría pensando es: si esto fracasa o se prolonga demasiado en el tiempo, lo cual sería un indicador de que la situación está estancada, yo estoy dispuesto también a colaborar y a poner de mi parte lo que pueda.

—¿Y qué es lo que él podría poner?
—El tiene también algunos instrumentos. No los que tiene el presidente del Gobierno, pero tiene la policía vasca y una interlocución importante, como presidente del gobierno vasco que es, con todos los sectores políticos vascos. A lo mejor considera que podría tener en su mano algunos mecanismos que, activados, podrían coadyuvar a acelerar el proceso.

—Hablando de plazos, ¿cree que daría tiempo a que la antigua Batasuna fuese legalizada y pudiese participar en las elecciones municipales del año próximo?
— Las municipales son en junio de 2007. Por tanto, septiembre es, digámoslo así, el plazo tope a partir del cual o se actúa aceleradamente o la posibilidad de que Batasuna esté presente en las municipales sería imposible. Todo dependerá, sobre todo, de la actitud que la propia Batasuna adopte. Yo no sabría decir qué entorpece y que facilita el inicio del proceso, pero lo que parece claro es que el obstáculo principal es la actitud que está manteniendo la izquierda abertzale, que no está siendo capaz de ser consecuente con su compromiso de sacar el conflicto de la calle, aunque se comprometieron a ello. El resto de los agentes políticos, quien más quien menos, hemos tomado algunas medidas. La fundamental es la muestra de buena disposición que adoptamos los grupos parlamentarios en el Congreso cuando aprobamos la resolución de abril del año pasado. A partir de ahí nos estamos encontrando con una serie de actuaciones de sabotaje callejero y actos terroristas puros y duros que rompen el contenido de la promesa que hicieron.

—¿Entienden, entonces, la actuación del juez Grande-Marlaska de citar a Arnaldo Otegi y de su posible encarcelamiento?
— La judicatura tiene, es cierto, unos condicionantes objetivos que trascienden al juez. Hay un marco normativo y unas reglas de juego definido a las que el juez no puede sustraerse. Pero no es menos cierto que estamos hablando de un órgano judicial, la Audiencia Nacional, que ha acreditado, demasiadas veces durante los últimos tiempos, que actúa con arreglo a impulsos extrajudiciales. La coincidencia temporal de actuaciones trascendentales de la Audiencia con acontecimientos políticos relevantísimos pone de manifiesto que hay un impulso político evidente. No voy a recordar ahora la resolución de Garzón de suspensión de Batasuna justo en vísperas de que el Congreso de los Diputados fuera a acordar la apertura del proceso de su ilegalización en aplicación de la Ley de Partidos Políticos. Todo esto no se produce por casualidad. El juez Grande-Marlaska tiene un marco que respetar pero también es seguro que ese marco se puede administrar de diferentes maneras y se está administrando en un sentido político excesivamente sospechoso.

—¿Con qué orientación?
—Claramente orientado a boicotear los intentos del Gobierno. A nadie se le oculta que hay un bloque enormemente conservador en la judicatura que está juramentado con las posiciones políticas más radicales y extremas del Partido Popular y está sirviendo de brazo judicial a una serie de planteamientos, análisis y estrategias políticas.

— Incluye en ese bloque al Tribunal Supremo, que ha dictado recientemente la conocida como "sentencia Parot" que impide a los presos etarras beneficiarse de la acumulación de penas?
—Sin ninguna duda. Creo, además, que esa sentencia no es un servicio al Estado de derecho. Es una claudicación radical a ese Estado. Rompe principios que, quienes hemos estudiado derecho, consideramos esenciales del derecho penal e, incluso, del derecho constitucional. En definitiva, se carga enormes conquistas en el sentido de humanizar la política penal... enormes conquistas de la civilización occidental.

— El encarcelamiento de Otegi que, cuando estamos realizando esta entrevista parece inminente y sólo pendiente de su comparecencia ante el juez, ,sería un obstáculo insalvable para que el proceso arranque?
— No, creo que no. La propia Batasuna ha dicho que no será obstáculo y también José Blanco ha dicho que Otegi no reúne la condición de interlocutor imprescindible que se había atribuído. Si ambas partes lo consideran así no seré yo quien les enmiende.

—¿Quién sería, entonces, el interlocutor?
— No lo sé. Supongo que el Gobierno tendrá indicadores suficientes para saber a quién recurrir. A mí lo que me parece importante es que el Gobierno sepa acertar en la selección. No todo el que se vende como interlocutor lo es. En los últimos tiempos hemos asistido a demasiados fraudes de pretendidos interlocutores válidos que no lo eran. Aquí tiene el Gobierno, quizá, la misión más importante de todas: dar con el que pueda garantizar que si hay compromiso de dejar la violencia, la violencia se deja.

— El Gobierno también controla a la Fiscalía. ,Qué opinión le merece su actuación?
— El Fiscal General, aunque es nombrado por el Gobierno también tiene que actuar según unas pautas claramente establecidas por la ley. No hace lo que quiere sino lo que dice la ley. Puede hacer lo que puede... Yo, hasta el momento, no tengo reproches que hacerle. Creo que, en general, ha actuado con prudencia, interpretando la ley de una forma adecuada para que pueda prosperar el proyecto del presidente del Gobierno.

Se había anunciado un comunicado conjunto de parlamentarias y ex parlamentarias vascas, algunas del PNV, apoyando la iniciativa del Gobierno para el entorno del 8 de marzo. ¡Por qué no ha prosperado?
—Fundamentalmente por el temor que ha cundido en las filas del Partido Socialista. No hay más que ver el trato que en la prensa afín a la derecha había recibido la expectativa dicho documento: las críticas principales dirigían al PSE y creo que, sencillamente, ha echado atrás.

—Quien no se ha echado atrás, sino más bien hacia adelante, para criticar las intenciones del Gobierno al respecto ha sido José María Cuevas, el líder de CEOE, que calificado de "disparate" la búsqueda de la paz. ¿A qué cree que se deben semejantes declaraciones en este preciso momentos
—Con Cuevas ocurre, a mi juicio, lo que con algunos jueces: que son de militancias ocultas pero firmes. Cuevas se encontraba aquí con el dilema de ser leal a los empresarios del País Vasco o a su querencia política, el PP, y aquí su lealtad al PP es la que ha prevalecido, aunque parezca mentira. Seguramente hace estas declaraciones porque no sabe lo que es ser empresario y menos en el País Vasco. Sabe lo que es ser un burócrata de una organización empresarial.

—Ahora ustedes se entienden mejor con los socialistas, han votado juntos sus presupuestos en Vitoria y en Madrid. ¿Hasta d de puede llegar esta relación?
—El acuerdo presupuestario no nace con vocación de generalizarse, pero es cierto que, una vez que se alcanza un acuerdo más fácil trabar otros. CiU, por ejemplo, ha tenido reparos en lanzar mensajes en el sentido de que están dispuestos a colaborar en un marco de gobernabilidad en España. Nosotros no hemos hecho declaraciones este tipo. Esa vocación no la tenemos. Pero el acuerdo tampoco se agota sólo en los presupuestos.

—Acaban de cumplirse los primeros años de Zapatero en el poder. ¿Qué opinión les merece?
—Aunque sea un tópico, el contraste entre la pasada legislatura y ésta es tal que habido un cambio evidente en positivo. Dicho esto, Zapatero irrumpe con una vocación de reformista voluntarioso y tiene una forma de conjugar la utopía y el interés partidista que tiene todo reformista que no coincide con el de la mayoría de los analistas políticos, por eso produce cierta perplejidad esa forma de administrar los tiempos tan original. Hay que esperar más tiempo para hacer una valoración de su gestión. Está todo en camino. No sabemos si hacia el desastre más absoluto o a la gloria más rotunda.