El mayor escándalo en tiempos de la democracia

Sin pena ni gloria están desfilando por la Audiencia Nacional testigos e implicados, en total 65, en el juicio central de KIO, el mayor escándalo en tiempos de la democracia. Han pasado más de quince años desde la primera guerra del Golfo, que fue el arranque del gran desaguisado, y más de una década desde que empezaron los juicios que tienen dos epicentros: la Corte Civil de Londres, donde se dirimen gran parte de las reclamaciones dinerarias, y Madrid, donde se juzga a los perpetradores de la gran operación corruptora de Javier de la Rosa.

  La Audiencia Nacional ya concluyó dos piezas del macroproceso, una de ellos con sentencia firme del Supremo que condenó a Javier de la Rosa , el hombre de Kuwait en España a través de Torras-Kio; a Juan Folchi, su asesor fiscal, y a Manuel Prado, el amigo íntimo y administrador privado de los Reyes de España, entre otros; el otro proceso está a la espera de que el Alto Tribunal decida. Una ramificación importante afecta a Los Albertos, a los primos Alberto Cortina y Alberto Alcocer, en el asunto de las torres KIO de la plaza de Castilla de Madrid, que fueron demandados por estafa y apropiación indebida por sus socios en Urbanor- Prima Inmobiliaria- Cartera Central, una cadena pensada para estafar. Como se sabe, Los Albertos fueron condenados por el Tribunal Supremo pero no entrarán en la cárcel mientras el Constitucional decide sobre el amparo solicitado.

Quedaban por juzgar las principales operaciones de vaciamiento  de KIO –por un lado los casos Quail y Acie y, por otro, las operaciones Pincinco, Prima Inmobiliaria y Oakthorn– que el presidente del tribunal decidió el pasado octubre unificar por economía procesal, pues una década de juicios ya empieza a ser suficiente. Se espera que el caso quede visto para sentencia en abril y la sentencia propiamente dicha para antes del verano. Para entonces sólo quedará el recurso al Tribunal Supremo, donde puede permanecer una década más. La justicia es lenta pero implacable.

Es fácil perderse en este asunto pero el origen es simple: aprovechando que Sadam Hussein había invadido Kuwait en 1990, Javier de la Rosa , el hombre de KIO en España, la agencia gubernamental del emirato dedicada a las inversiones en el extranjero, vació la agencia por medio de diversos artilugios mercantiles y el apoyo de siglas que llevan a otras siglas que terminan en Panamá y otros paraísos fiscales. Con la coartada de generar una opinión publica favorable a los príncipes kuwaitíes en el exilio, sacó los dólares a paletadas para la supuesta compra de políticos. De ahí los 100 millones de dólares que De la Rosa proporciona a Prado, el administrador privado del Rey, entre otras supuestas corrupciones. Cuando la situación se normaliza y los señores feudales del emirato vuelven a palacio se encuentran con unas pérdidas acumuladas de 500.000 millones de pesetas y acusan a Javier de la Rosa de apropiarse de más de 100.000 millones. Desde entonces los tribunales siguen la pista a esos dineros y a sus beneficiarios y parece que ahora están a punto de concluir las investigaciones.

Han empezado a desfilar los testigos, 65 en total, y todos de gran calidad: los célebres inspectores de Hacienda José María Huguet y Ernesto Aguiar, cuya implicación en este turbio asunto decidió a su amigo Pepe Borrell a dimitir como candidato socialista a la presidencia del Gobierno; Luis Carlos Croissier, que fue ministro de Industria y presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); Emilio Botín y Matías Rodríguez Inciarte, presidente y vicepresidente del Banco Santander; César Alierta, presidente de Telefónica; Josep Piqué, que fue ministro de Industria y portavoz del gobierno de Aznar y en la época de autor, consejero delegado de Ercros, una de las principales empresas de KIO; Los Albertos, empresarios de múltiples facetas que tuvieron que renunciar por este asunto a la dirección del Banco Zaragozano; Antonio Zabalza, que fue secretario de Estado de Hacienda y actual presidente de Ercros; José Pedro Pérez Llorca, que fue ministro de Suárez y presidente de la Asociación Atlántica Española, y Jaume Camps, ex diputado en el Parlamento nacional por Convergencia y Unió, entre otros. No pasará por la Audiencia Enrique Sarasola, amigo de Felipe González, porque murió hace cuatro años. Todos ellos pasarán por el tribunal que preside Javier Gómez Bermúdez hasta el próximo miércoles día 15, ante la indiferencia del respetable. Cuando pasa una década desde la comisión de los hechos a su enjuiciamiento mucha gente, sobre todo los jóvenes, no saben de qué se habla ni quiénes son los que hablan. Pero no hay que olvidarlo.