Bolkestein vuelve al Parlamento

Recientemente el Parlamento Europeo (PE) adoptaba por clara mayoría (394 votos contra 215), su informe sobre la Directiva para la liberalización de los servicios en el mercado interior, conocida como Directiva Bolkestein. Fue propuesta en los últimos días de la Comisión Prodi en la más absoluta indiferencia. Pero después ha dado lugar a encarnizados debates.

Elemento fundamental de esa propuesta era el principio del país de origen, según el cual una empresa del país A podría prestar servicios en el país B aplicando la legislación del país A. Así nació durante la campaña del referéndum francés el mito del fontanero polaco, símbolo del dumping social que implicaba la posibilidad de exportar trabajadores con salarios bajos y menor protección social.

La norma fue objeto de una pésima explicación y una voluntaria tergiversación. Se dijo sistemáticamente que las empresas de un país podrían instalarse en otro y funcionar de acuerdo con las leyes y normas sociales del país de origen. Lo cual es un grave error, puesto que la libertad de establecimiento de una empresa europea en cualquier país europeo, principio básico del mercado interior, conlleva necesariamente la aplicación de las normas del país en el que se instala.

En consecuencia, la Directiva objeto de tanta polémica no se aplicaba, por definición, a las empresas que se instalan en otro país, sino precisamente a las que no precisan hacerlo para desarrollar su actividad.

Desgraciadamente aún, al analizar las modificaciones introducidas por el PE, sesudos comentaristas lamentan que no den suficiente estímulo a la instalación de empresas provenientes de otros países. Todavía no se han enterado de que se trata precisamente de que no tengan que instalarse... porque si se instalaran no cabe ninguna duda de que se les aplicaría la norma del país de destino.

Pero ahora el proyecto ha sido pro fundamente modificado y el principio del país de origen suprimido y sustituido por la libertad de prestar servicios respetando la legislación, y en particular las normas sociales, del país en el que se prestan.

No quedan ya, pues, razones para seguir alimentando el mito del fontanero polaco. Las enmiendas introducidas han sido profundas y un rotundo éxito del PE.

El PE ha demostrado que desempeña un papel decisivo en el proceso legislativo. Considerado durante mucho tiempo como el pariente pobre de las instituciones europeas, emerge cada vez más como un actor fundamental capaz de crear consensos y mejorar textos que habían embarrancado en el Consejo y que la Comisión no osaba retirar.

Ciertamente, el resultado final no tuvo un apoyo unánime. Es el fruto del acuerdo entre los dos principales grupos de la Eurocámara, populares y socialistas, que ha dejado descontentos a los que se sitúan a su derecha y a su izquierda, para los que el peso de la gran coalición alemana es demasiado grande en la construcción de este tipo de acuerdos.

El compromiso alcanzado es demasiado liberal para algunos y demasiado poco para otros. Apoyado por la Confederación Europea de Sindicatos y por el Gobierno francés, pero rechazado por los socialistas franceses, por razones de política interna, y por parte de los diputados de los países del Este, que habían hecho del principio del país de origen el símbolo de la movilidad de sus trabajadores y de su capacidad de competir con las economías del Oeste.

Tras el voto de la semana pasada, la Comisión ha prometido respetar las líneas fijadas por el Parlamento. El Consejo tendrá ahora que pronunciarse, pero poco a poco se va poniendo en marcha una verdadera dinámica de debate parlamentario en una dimensión supranacional, liberado de la dependencia de los gobiernos nacionales.

El texto presenta sin duda ambigüedades y muchos conceptos quedarán sujetos a la interpretación que les dará en el futuro el Tribunal de Justicia y los Estados miembros. Pero constituye un gran paso adelante para evitar el tan temido dumping social, eliminando obstáculos a la libre prestación de servicios sin poner en cuestión los sistemas sociales de cada país.

Los sindicatos han apoyado la propuesta del PE porque deja claro que prevalecerá la legislación laboral del país donde se presta el servicio, con inclusión de los convenios colectivos, para evitar situaciones como la provocada por el caso Vaxholm, del que ya he hablado en otras ocasiones. La Directiva no afectará al derecho laboral ni a la Seguridad Social. Los prestadores tendrán que respetar los derechos de los trabajadores según determine el país donde se presta el servicio, pero no tendrán que sufrir trabas y dificultades administrativas que dificulten el ejercicio de su actividad.

José Borrell
* Presidente del Parlamento Europeo