Hemeroteca Esta semana
Nº 684
27/2/2006

Miguel Arias Cañete, secretario Ejecutivo de Política Económica y Empleo del PP

"EL PP NEGOCIÓ CON ETA
CON LUZ Y TAQUÍGRAFOS"



El responsable de política Económica del PP culpabiliza directamente al Gobierno, y concretamente al ministro de Industria, de hacer vulnerable al sector energético español y de la consiguiente llegada de la oferta alemana por Endesa, niega que en términos reales nuestro país crezca más que la media europea y pide al Ejecutivo que se abstenga de pagar favores políticos a la hora de elegir al próximo gobernador del Banco de España. Cree que la reforma del Estatut ha evidenciado el fracaso de la política del PSC, afirma que en 1996 su partido negoció una tregua sin ofrecer ningún precio político, y sólo ve posible el final de ETA si el Gobierno regresa a la senda del acuerdo que suscribieron PP y PSOE en la anterior legislatura.


Por Vera Castelló

Es una buena noticia la irrupción de una nueva opa sobre Endesa?
—Es consecuencia de la actuación del Gobierno, que ha abierto la caja de Pandora del sector energético español, impulsando, por razones puramente políticas, una opa hostil sobre una empresa que funcionaba razonablemente, con una expansión internacional muy notable. A partir del momento que se ve que hay empresas vulnerables en el sector energético, los operadores mundiales fijan su atención en ellas y si, además, el Gobierno ha impulsado una operación a un precio que está por debajo de la cotización, la gente probablemente ha pensado que si se hacía una oferta generosa tenía posibilidades de salir adelante. Teníamos un sector energético muy tranquilo en España, con cierta convivencia entre empresas y ha venido un tercero que quiere aprovechar que el mercado está como está. Nuestra posición es muy clara en esta, como en cualquier otra operación entre empresas. Hay que respetar la legislación sobre competencia española y comunitaria, y hay que garantizar el interés de los consumidores. A otros les preocupan más otras razones políticas ajenas a estas nobles causas.

Si les molestaba la catalanización de Endesa, ¿no les preocupa ahora su germanización?
No nos preocupaba que fuera catalana, valenciana o del País Vasco.Todas las comunidades autónomas están en condiciones de igualdad y no hay privilegios entre las mismas, que es lo que defiende el Partido Popular. Lo que nos preocupaba era el interés político del Gobierno en controlar la operación y manipular los organismos reguladores.

¿Se hubiera crispado tanto el ambiente si la oferta de Gas Natural no hubiera coincidido con las negociaciones del Estatut?
Si esta operación no hubiera sido impulsada por el Gobierno y el ministro Montilla desde el principio y estuviera incardinada en una política muy clara del PSC, pues probablemente hubiera tenido unas connotaciones muy distintas. Si el Gobierno hubiera dejado jugar con independencia a los organismos reguladores, no hubiera pasado nada. A partir de que el señor Montilla coloca al frente de la CNE a una persona tan próxima a sí mismo, la independencia queda muy cuestionada. Si luego en decisiones ulteriores se ve lo que ha pasado, menos todavía. Y si añadimos que la actuación del presidente y el vicepresidente de la CNMV ha sido absolutamente de pantomima y luego vemos que el TDC queda totalmente marginado del proceso de toma de decisiones, se demuestra que hay una clara imbricación del poder político.

¿Tienen algún nombre que proponer o vetar para gobernador del Banco de España?
No hay ni vetos ni candidatos aparentes. Lo que le pedimos a priori al Gobierno es que sea un profesional de enorme prestigio, con muchos conocimientos del sector bancario y sobre todo que tenga en cuenta que es fundamental que haya una persona relevante en el Banco de España para que nuestro país tenga peso importante en las grandes decisiones del Banco Central Europeo. Lo que le pedimos es que no politice la decisión, que no haga favores políticos.

—Nuestro diferencial de crecimiento con Europa queda empañado por el alza de la inflación?
No existe ese diferencial ya que el incremento de población anula el peso del crecimiento económico. Es cierto que estamos creciendo al 3,4% pero el alza de la población española provoca que el PIB per cápi ta, que es como se miden las disparidades regionales de renta en la UE no aumenta a los mismos ritmos. La inflación lo que hace es que las empresas españolas sean poco competitivas y que tengan muchas dificul tades para exportar.

--Por qué ha calificado de "mini reforma" la propuesta fiscal del Gobierno?
—Porque en el Impuesto de la Renta prácticamente no tiene impacto y porque en el Impuesto de Sociedades, en un momento en el que hay una falta de competitividad clara en las empresas españolas y que están ba jando los impuestos todos los países de la UE, no se puede decir que se va a reducir el gra vamen un punto anual en cinco años y ade más neutralizarlo eliminando deducciones y bonificaciones en el propio impuesto. Con ese sistema la tributación efectiva puede ser incluso superior. La reforma del Impuesto de Sociedades tenía que ser muchísimo más am biciosa si queremos un sistema fiscal que no mine la competitividad de las empresas. Los compromisos que el Gobierno está asu miendo en las reformas de los estatutos de autonomía y con sus socios, le está llevando a tener menos margen presupuestario y nc poder hacer esas reformas. El Gobierno está preso de sus propias debilidades.

—¿Considera necesaria la reforma del sistema de financiación autonómica?
La población ha crecido en casi cuatro millones de personas, eso no estaba considerado en el escenario anterior y por tanto hay que solucionarlo. Lo que no considero razonable es que al socaire de la negociación de un Estatuto y por las presiones de una comunidad autónoma se defina un modelo que luego se traslade a otras comunidades. Se ha cedido en una negociación política y ahora se trata de dar carácter multilateral a lo que se ha pactado bilateral.

-No todas las reformas estatutarias están siendo negociadas unilateralmente por el PSOE. La valenciana, por ejemplo, ha sido impulsada por un Gobierno popular.
—Y además se consensuó con el Partido Socialista, inicialmente, en la propia comunidad valenciana y, posteriormente, por presiones externas, hubo unos amagos de falta de consenso que se han solucionado en el seno del debate. Nadie se opone ni a la reforma estatutaria ni a la reforma Constitucional, pero tiene que ser reformas necesarias pedidas por los ciudadanos.

-¿Esperaban que el Estatut les diera tantos problemas internos?
—Lo que no pensábamos es que el PSC iba a colocar al PSOE en la situación que le ha colocado. Una cosa es utilizar el catalanismo"Han desarrollado un Estatuto que al final le ha rebotado al propio Maragall en contra" como arma arrojadiza contra los gobiernos de Madrid, como históricamente se venía haciendo desde el PSC cuando eran gobierno del Partido Popular, y otra cosa seguir desarrollando un debate estatutario que la sociedad catalana no sentía como propio. Han desarrollado un Estatuto que al final le ha rebotado al propio Maragall en contra porque el pacto ha sido con CiU. Ha sido un fracaso de la política del PSC, una política diseñada inicialmente contra un hipotético Gobierno del PP, que iba a ganar las elecciones generales. Cuando se hace una reforma estatutaria que implica una reforma constitucional encubierta, todos los problemas que luego surgen están anunciados desde el principio.

—A Josep Piqué no le parecía tan mal esta reforma hace unas semanas.
—Piqué ha criticado mucho el Estatuto. Propuso un sistema de financiación que tenía sensibles diferencias con el que se ha establecido finalmente. Es cierto que pensaba que se podían arreglar determinados problemas de falta de recursos en Cataluña, vía inversiones públicas, pero nunca llegó tan lejos como la definición que comporta el Estatuto de Nación.

Qué está haciendo el PP para que veamos el final de ETA esta legislatura?
Pedir la firmeza con la que se trabajó en las legislaturas anteriores, en las que se aisló a ETA, se impidió que su brazo político estuviera en las elecciones, se acabó con la financiación pública de las organizaciones afines al terrorismo. ETA había dejado de matar ya con el Partido Popular, porque estaba acorralada. Y, sobre todo, se dignificó a las víctimas. El PP sigue en ese mismo discurso. Lo que le dice al Gobierno es que el sistema para acabar con ETA era en el que estábamos y no el dar pasos atrás. Hay que mantener una política muy dura de cumplimiento íntegro de las penas de los terroristas. Con aquella política el PP llegó a un pacto, a un acuerdo, del que luego el Partido Socialista se ha apartado.

Sin embargo, en 1996, el PP se sentó a negociar con los terroristas cuando las premisas que usted ha mencionado no se daban.
—Con luz y taquígrafos. Diciendo exactamente lo que se estaba haciendo, sin ocultarlo a nadie y trasmitiéndole a la oposición todo lo que hacía en aquel momento e incluso dando los nombres de los interlocutores y el lugar en donde se celebraban las reuniones. En este momento el presidente del Gobierno dice que él tiene grandes expectativas, que sabe muchas cosas, pero no dice porqué, no dice con quien está negociando, quien está negociando en su nombre ni qué está negociando. Y, segundo, el PP no ofrecía ningún precio político. Estaba sondeando las posibilidades de una entrega de armas total, que es muy distinto de hacer mesas políticas para discutir el futuro de Euskadi como le está pidiendo ETA en sus comunicados.

¿Ve posible un acuerdo con el Gobierno para parar el terrorismo?
—El Gobierno tiene que reflexionar. La política que está siguiendo es equivocada y tiene que volver al pacto que abandonó. Si el Gobierno quiere seguir aplicando la política antiterrorista que dio éxito en su momento, probablemente habrá un acuerdo. Ahora bien, si el Gobierno lo que quiere es hacer negociaciones clandestinas, sin dar explicaciones a ningún partido de la oposición; si lo que quiere es que las víctimas pasen a un segundo plano y que no tengan el lugar preeminente en la sociedad que tienen; si lo que busca es un diálogo político que pueda comprometer el futuro desarrollo institucional en el País Vasco, pues no se va a encontrar con el Partido Popular. No es verdad que siempre la oposición haya apoyado al Gobierno en sus políticas antiterroristas. Afortunadamente para España esta oposición no apoyó al Gobierno cuando utilizaba medios ilícitos en la lucha contra el terrorismo. En este momento, lo que le estamos diciendo al Gobierno es que se está equivocando. Pero, claro, eso también se lo dice ETA en los comunicados.

La integración del CDS en el PP, ¿va a servir para centrar un poquito al partido?
Este partido está muy centrado, otra cosa es que otros nos quieran colocar artificialmente en posiciones duras. Defender los principios con energía no es estar a la derecha o a la izquierda. Además, hemos sido siempre muy correctos en las formas y también lo hacemos así en la calle, cosa que molesta mucho al Gobierno socialista.

—¿ No les da miedo la soledad política en la que se encuentran?
Cuando uno defiende principios, la soledad no le debe dar miedo. Este partido no defiende intereses, defiende principios.

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