Hemeroteca Esta semana
Nº 683 - 20 de febrero de 2006

25 años del 23-F

 

Memoria de los protagonistas
del golpe

Han pasado 25 años de la asonada que sembró el terror en una sociedad que vivió su noche más larga aferrada a los transistores. Un cuarto de siglo en el que el sistema democrático español se ha consolidado definitivamente y en el que intervenciones públicas como la del general Mena sólo traen un vago recuerdo de una pesadilla pasada y la constatación de que aquellos tiempos no volverán. El 23-F constituye un icono de una etapa superada y, sobre todo, de una decisión firme y mayoritaria de transitar por los terrenos de la democracia por parte de un pueblo que, por millones, se echaba a la calle para defender sus libertades en los días posteriores. Pero el golpe de Estado mantiene aún muchas incógnitas a su alrededor. Para una mayoría está claro que hubo muchos más implicados que no fueron juzgados. También se puede constatar la generosidad con que la justicia trató a la mayoría de los autores, muchos de los cuales continuaron su carrera en el Ejército hasta su jubilación. El tema ha dado para muchos libros y muchas especulaciones. En estos días asistiremos a numerosos actos conmemorativos y a un cierto despertar de una memoria incómoda acerca de unos hechos que hoy ya nos quedan muy lejanos.

Por Pedro Antonio Navarro

 

Pese a que todo el mundo es consciente de que detrás del intento de golpe de Estado de febrero de 1981 (o incluso los diversos “golpes”) se encontraba un número muy superior de implicados de los que, finalmente, resultaron procesados y condenados solamente 33 personas que fueron conducidas ante la justicia, de las que sólo una de ellas era un civil (Juan García Carrés). Además, la primera condena efectuada por el Consejo Supremo de Justicia Militar, el 4 de junio de 1982, fue duramente criticada por toda la clase política, debido a la levedad de la mayoría de las condenas impuestas, y provocó que el Gobierno (de UCD) elevase un recurso en contra que consiguió un cierto endurecimiento de las penas por parte del Tribunal Supremo.

La sentencia original quedaba de la siguiente manera:

Para Jaime Milans del Bosch, 30 años de reclusión militar por un delito consumado de rebelión militar.

Antonio Tejero Molina, 30 años de reclusión por un delito consumado de rebelión militar.

Alfonso Armada Comyn, seis años de reclusión por un delito de conspiración para la rebelión militar.

General de división Luis Torres Rojas, seis años de reclusión por un delito de conspiración para la rebelión militar.

Comandante Ricardo Pardo Zancada, seis años de prisión por un delito consumado de rebelión militar.

Coronel Diego Ibáñez Inglés, cinco años de prisión por un delito consumado de rebelión militar.

A tres años y seis meses de prisión por un delito consumado de rebelión militar fue condenado el capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar.

Tres años y un día fue la condena impuesta al coronel José Ignacio San Martín, al coronel de la Guardia Civil Miguel Manchado García y al capitán del mismo cuerpo, José Luis Abad Gutiérrez.

Por conspiración y auxilio a la rebelión, recibieron condenas de tres años de prisión el coronel Pedro Mas Oliver, el capitán de la Guardia Civil Vicente Gómez Iglesias y los capitanes de Infantería Carlos Álvarez Arenas y José Pascual Gálvez.

Dos años fue la pena impuesta a los capitanes de Infantería Javier Dusmet García y José Cid Fortea. Igual condena recaía sobre los capitanes de la Guardia Civil Francisco Acera Martín, Juan Pérez de Lastra, Carlos Lázaro Corthay y Enrique Bobis González.

El capitán de navío Camilo Menéndez Vives recibía un año de condena por auxilio a la rebelión, mientras que el único civil imputado, Juan García Carrés, era condenado a dos años por participación en la rebelión militar.

Fueron absueltos el comandante José Luis Cortina Prieto, los capitanes Juan Bautista González y Francisco Ignacio Román, y también los tenientes de la Guardia Civil, Pedro Izquierdo Sánchez, César Álvarez Fernández, José Niñez Ruano, Vicente Ramos Rueda, Jesús Alonso Hernáiz, Manuel Boza Carranco, Santiago Vecino Núñez y Vicente Carricondo Sánchez, que habían participado en el asalto al Congreso y se apreció la eximente de “obediencia debida”.

El Gobierno recurría estas sentencias y conseguía un relativo endurecimiento de las mismas unos meses más tarde, especialmente en el caso de Alfonso Armada, a quien el Tribunal Supremo elevaba la pena hasta los 30 años de prisión. Los condenados a seis y cinco años vieron incrementada su condena hasta los diez.

Actualmente, ninguno permanece cumpliendo sus penas. El último en abandonar un establecimiento penitenciario fue el ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina. Salió definitivamente de prisión el 3 de diciembre de 1996. Había pasado varios años en distintas prisiones militares en Alcalá de Henares, en Figueres (Girona) y Coruña. En 1993, una asociación de mujeres de militares solicitó su indulto y la Sala Militar del Supremo resolvió la petición favorablemente, aunque el Gobierno lo denegó. Sin embargo, recibía el tercer grado penitenciario, por el que salía de prisión de ocho de la mañana a 12 de la noche y disponía de 48 días de “vacaciones” al año. En 1994, durante uno de sus permisos, recibió un multitudinario homenaje al que acudieron muchos de sus “ex compañeros” en la asonada, así como importantes figuras de la ultraderecha española. Tras tres años de régimen abierto, el juez militar de vigilancia estableció cinco años y 57 días de redención de pena por el trabajo, con lo que le permitió haber cumplido tres cuartas partes de su condena y, automáticamente, la obtención del derecho de excarcelación.

En todo este tiempo nunca ha expresado arrepentimiento y ha continuado manteniendo reuniones con líderes de la extrema derecha. Su último “acto público” fue la publicación de una carta en un diario de Melilla en la que se sumaba a la petición de un referéndum sobre el estatuto de Autonomía de Cataluña que propugna el Partido Popular.

Jaime Milans del Bosch fue puesto en libertad el 1 de julio de 1990, tras haber cumplido sólo la tercera parte de su condena, debido a “razones de edad”. Falleció en Madrid en 1997. En la única entrevista que concedió durante su estancia en prisión (a Fernando Vizcaíno Casas), aseguraba que volvería a actuar del mismo modo en circunstancias similares. Nunca solicitó el indulto porque decía no sentirse culpable de ningún delito.

De todos los condenados, ya fallecieron, además de Milans del Bosch, Luis Torres Rojas, Diego Ibáñez Inglés, Pedro Mas Oliver, José Ignacio San Martín y el civil Juan García Carrés.

Los altos mandos que participaron en la asonada continúan percibiendo la pensión de jubilación máxima. Son los casos de Alfonso Armada, Antonio Tejero y, antes de su fallecimiento, Jaime Milans y José Ignacio San Martín. Otros mandos también perciben pensiones próximas al máximo, y para ello, pese a haber sido expulsados del Ejército tras sus condenas, se han computado los trienios hasta la actualidad. En esa situación están Ricardo Pardo Zancada, Miguel Manchado García, José Luis Abad Gutiérrez y Jesús Muñecas, que además fue el organizador del homenaje a Tejero en la escuela de equitación que regentaba en Valdemoro (Madrid), en 1994.

El comandante José Luis Cortina se encontraba hasta fechas recientes en la reserva, con una alta remuneración sin complemento de destino y en una situación que la ley permite que sea compatible con la actividad privada. Además, en muchos de estos casos, los protagonistas del 23-F han conservado sus viviendas militares.

De los tenientes de la Guardia Civil que participaron en el asalto al Congreso y que fueron absueltos, han llegado al grado de teniente coronel Jesús Alonso Hernáiz, César Álvarez Fernández y Pedro Izquierdo Sánchez. En 2001, Vicente Carricondo era comandante. Vicente Ramos Rueda, el teniente que zarandeó a Manuel Gutiérrez Mellado, se retiró con el grado de comandante. Todos los citados participaron en el famoso homenaje a Tejero en Valdemoro. Francisco Acera y Juan Pérez de la Lastra pasaron a la reserva por razones de edad con el grado de teniente coronel. Francisco Acera estuvo implicado en el escándalo del Patronato de Casas de la Guardia Civil –finalmente disuelto por orden gubernativa-, en el que algunos generales, coroneles y altos mandos del cuerpo habían revendido por el triple de su valor los chalets construidos por el citado organismo.

Carlos Lázaro Corthay se retiró como coronel y es en la actualidad vocal de la Junta Nacional de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. En el VII Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, celebrado en Madrid en octubre de 2005, fue secretario de la ponencia sobre “Discriminación laboral por edad”. Ha escrito artículos en la publicación oficial de la Guardia civil, como el aparecido en su número 15, de 1996, titulado “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”.

Manuel Boza se retiraba con el grado de capitán, mientras que Enrique Bobis, que en todo momento permaneció junto a Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados, a punto estuvo de agredir al entonces general Armada, a quien consideraban “traidor”, cuando éste entró en el edificio para tratar de negociar una salida. En 1997, el Gobierno de José María Aznar lo nombraba enlace entre la Guardia Civil y el Ministerio de Medio Ambiente, lo que ocasionó varias preguntas parlamentarias por parte de la oposición acerca de la idoneidad de su nombramiento.

Hace pocas fechas, Ricardo Pardo Zancada publicaba una carta en el periódico de Internet, Minuto Digital, en la que se solidarizaba con el destituido general Mena. En su misiva comenta: “(...) en su día expresé mi voto negativo a una Constitución de la que estaba ausente dios; que consagraba los términos nación y nacionalidades para las que desde hacía siglos eran regiones de España (...) Y aquí se produce la paradoja. Ahora, no me queda más remedio que estar con una Constitución que sigue sin gustarme, y ponerme tras las pancartas en su defensa.  Y lo hago sin que me duelan prendas, porque mi meta no es el mantenimiento de poder alguno. Mi meta y mi fe es una España unida y en paz”.

Aunque José Ignacio San Martín fallecía tras una dolorosa enfermedad en 2004, su hijo, también José Ignacio San Martín, teniente coronel de Infantería en la reserva, también ha saltado a los medios de comunicación en defensa de Mena. Para él existen ciertos paralelismos entre la situación que desencadenó el 23-F y los momentos actuales: “Los temas que desencadenaron el golpe de Estado fueron el independentismo autonómico y el terrorismo. Ahora mismo, el problema etarra y el problema autonómico continúan ahí”, aunque hacía hincapié en que como militar en la reserva, seguía “sometido a disciplina”.

En 1988 fueron indultados Alfonso Armada, Luis Torres Rojas, Miguel Manchado y Vicente Gómez Iglesias, que habían expresado su arrepentimiento, a diferencia de lo ocurrido con Tejero y Milans. Manchado, que continúa siendo amigo de Tejero, se dedica a la pintura y al cultivo de sus huertos de limones. Armada también se dedica al negocio agrícola.

El civil Juan García Carrés falleció de un infarto en 1986. Se había casado con la viuda de un militar y había registrado las siglas 23-F como marca comercial. Dejó escritas sus memorias y en su testamento recalcaba que si moría, en ningún caso se trataría de un suicidio. Los últimos tiempos había declarado en reiteradas ocasiones que se sentía amenazado.

Curiosamente, todos los condenados en el juicio del 23-F, cuyas penas no llevaron aparejada la separación definitiva del servicio y la expulsión de las Fuerzas Armadas, han sido galardonados con la Cruz de San Hermenegildo al cumplirse 20 años de servicio en cada caso, lo que también comporta un incremento en sus percepciones y en sus pensiones. Sin embargo, esta distinción no se ha concedido a ninguno de los miembros de la extinta Unión Militar Democrática.

 

UN GOLPE Y MUCHAS INCÓGNITAS

Hubo un solo intento de golpe de Estado o estaban en marcha otras conspiraciones paralelas? ¿Únicamente estuvieron implicadas 33 personas en la operación que ha supuesto el mayor peligro para la democracia española? ¿Era lógico que la condena a los implicados en la inmediatamente anterior “Operación Galaxia” quedara en siete meses de prisión? ¿De verdad estuvo implicado el CESID y los servicios secretos norteamericanos? ¿Por qué el entonces secretario de Estado de EEUU, Alexander Haig, manifestó durante el asalto al congreso que lo sucedido era un “asunto interno” de España”? ¿Por qué durante los días previos al 23 de febrero las tropas de las bases estadounidenses se encontraban en estado de alerta? ¿Por qué dimitió el presidente Adolfo Suárez y declaró: “No quiero que la democracia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”? ¿Por qué el considerado “hombre del maletín”, el capitán Sánchez Valiente, se marchó fuera del país y no regresó hasta años más tarde y entonces fue juzgado por “abandono de destino”, y no como implicado en la asonada? ¿Por qué el rey Juan Carlos no utilizó cualquier emisora de radio privada, que no estaban ocupadas por las fuerzas militares, para emitir el mensaje que no hizo público en televisión hasta pasadas la una de la madrugada?

Estas y muchas otras interrogantes han quedado sin respuesta después de 25 años. Teorías existen muchas, y también muchos dedos que inculpan y otros que exculpan. Lo cierto es que, pese a haber sido objeto de más investigaciones que ninguna otra cuestión a lo largo de toda la historia de este país, y de haberse publicado un número casi infinito de libros y ensayos al respecto, nadie ha podido aportar datos o pruebas que amplíen el conocimiento de lo sucedido.

Existe incluso una teoría que aboga por que el golpe del 23 de febrero de 1981 no fracasó, sino que consiguió sus objetivos. A raíz de aquella situación, la izquierda y las políticas de izquierda se debilitaron, la conflictividad laboral descendió espectacularmente. Las organizaciones sociales, que conservaban un notable poder político, tales como asociaciones vecinales, sindicatos, o bien desaparecieron, o se “domesticaron”. La entrada en la OTAN se producía de forma fulminante y el poder económico ya no estaba cuestionado, manteniéndolo, en líneas generales, los mismos que lo ostentaban durante el régimen franquista. Y la monarquía, una institución bastante debilitada por aquellos días, salía enormemente reforzada como garante de los valores democráticos y la estabilidad política.

Pero esto tampoco ha podido ser demostrado. Lo único evidente es que todavía hoy periodistas, historiadores y estudiosos del tema no se ponen de acuerdo acerca de cuántas tramas confluían en aquel momento. La posibilidad de que un intento de una especie de “Operación DeGaulle” –que emularía la acontecida en Francia y que terminó con el general francés presidiendo un Gobierno de concentración nacional- podría haber estado patrocinada por el ex general Alfonso Armada, con él en el papel del histórico dirigente galo, y que hubiera confluido con otra u otras conspiraciones capitaneadas por personajes mucho “más duros” del estamento militar muy enraizados en la herencia franquista.

También resulta obvia la resistencia y la determinación de la población española contra este intento de secuestrar el poder civil y retornar a los tiempos oscuros de la dictadura. Millones de personas salían a las calles por todo el territorio nacional para mostrar su repulsa ante la asonada y su firme decisión de proseguir por el camino de un sistema democrático equiparable al de nuestros vecinos europeos.

Las ligeras sentencias con que los responsables fueron castigados – a excepción de Tejero y Milans del Bosch- dejaban al descubierto que la justicia militar de entonces asumía de mala gana el enjuiciamiento de sus propios compañeros, y lo que era más evidente, que se hacía necesario introducir cambios y reformas en el estamento militar y en su organización para terminar con la sensación de que convivían dos poderes en el Estado, el civil y el militar.

Las reacciones a la sentencia no se hicieron esperar. El Gobierno presidido por Leopoldo Calvo Sotelo decidía interponer inmediatamente un recurso ante el Tribunal supremo –que, finalmente endureció algo las condenas, en especial, la de Alfonso Armada-; los partidos de la oposición se sumaban a las críticas y apoyaban al ejecutivo en su decisión de recurrir. Hasta el ya ex presidente Adolfo Suárez acudía a la tribuna pública y escribía un texto en el diario El País con el expresivo título de “Yo disiento”. En él argumentaba que las sentencias producidas “no protegen de manera suficiente los derechos del pueblo español (...) No se disuade a los que puedan participar en una rebelión militar si se personalizan las penas en los promotores y se libra a quienes las secundan y actúan fuera de la ley (...) No hay libertad bajo el miedo, no hay derechos ciudadanos bajo el miedo, no se puede gobernar bajo el miedo (...) es natural que la lectura de la sentencia produzca desasosiego entre quienes padecimos la violencia golpista y entre todos los demócratas del país y aún del mundo entero (...) No parece admisible que, por lo que respecta específicamente a los tenientes de la Guardia Civil procesados, se haga jugar, de algún modo, la eximente de obediencia debida (...) Es preciso dejar muy claro que en España no existe un poder civil y un poder militar. El poder es sólo civil”.

Pese a esta casi unanimidad de la clase política y de los ciudadanos, los ruidos de sables nos acompañaron durante los siguientes años y se cumplieron algunas de las premisas de los que defienden que el golpe, realmente triunfó y consiguió su objetivo: dar un golpe de timón a la situación política. Afortunadamente, los años y las medidas políticas adoptadas por los diversos gobiernos en cuanto a las Fuerzas Armadas, consiguieron poner sordina a ese sonido metálico que pesaba sobre la conciencia colectiva y sembró un temor del que resultó difícil recuperarse. El papel constitucional del Ejército resulta claro y son pocos los vestigios del pasado que perviven en su seno. Su profesionalización, su proyección internacional y la naturaleza humanitaria de muchas de sus misiones contribuyen a reforzar este papel. Su subordinación al poder civil democráticamente establecido es más clara que nunca, por lo que declaraciones como la del destituido general Mena ya no producen el temor de antaño y pueden ser consideradas una desgraciada anécdota.

   

Los libros del golpe  

El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 también tuvo consecuencias en el ámbito editorial español. Una infinidad de títulos que se ocupaban de la descripción de lo sucedido, de investigaciones más o menos serias y documentadas al respecto, de la profundización en alguno de sus aspectos o, simplemente, conteniendo hipótesis y elucubraciones sobre la cuestión, han visto la luz a lo largo de estos 25 años. Desde el primero de ellos, editado sólo unas semanas después de la intentona, “El golpe: Anatomía y claves del asalto al Congreso”, de Miguel Ángel Aguilar, Julio Busquets e Ignacio Puche, hasta el último conocido, “El 23-F, la historia no contada. Caso Tejero 25 años después”, del periodista José Oneto, pasando por otros narrados en primera persona por alguno de los condenados por su participación, todos han buscado profundizar o “aprovecharse” de la curiosidad que aún hoy despierta uno de los capítulos más negros y llenos de dudas de nuestra historia reciente.

Alguno de estos textos manifestaba una declarada simpatía por los golpistas. Es el caso de “23-F. Crónica fiel de un golpe anunciado”, escrito por Juan Blanco y publicado por Fuerza Nueva. El que fuera subdirector del diario ultraderechista “EL Alcázar” (perteneciente a la Hermandad de ex combatientes y cuya edición del 24 de febrero de 1981 fue secuestrada por orden gubernativa) arroja una tesis justificativa de la actuación de los sublevados y deja en muy mal lugar al ex general Alfonso Armada.

“El 23-F sin máscaras”, del polémico historiador Ricardo de la Cierva menciona algunos hechos controvertidos, como la supuesta intención de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) de hacerse provisionalmente con el poder tras la ocupación del Congreso por parte de las fuerzas de Tejero.

En el capítulo autobiográfico podemos encontrar “La pieza que falta”, de Ricardo Pardo Zancada, en el que continuamente deja entrever su “honor herido” y critica la actitud del general Armada y también la del rey, aunque también entra en muchos detalles concretos de la operación. En la misma línea se encuentra “Apuntes de un condenado por el 23-F, de José Ignacio San Martín (fallecido en 2004), en el que acusa de mentir durante el juicio a la mayoría de los imputados y critica con firmeza el procedimiento judicial al que denuncia por no contar con un “testigo de cargo” que acusase concretamente a personas y estableciese quiénes, dónde se reunieron y qué decidieron. Otro de los elementos destacables de la publicación de San Martín es la sospecha difundida de que muchas personas no imputadas ni juzgadas formaron parte de la conspiración. En un capítulo de su libro escribe: “(...) y sólo nos queda la licuosa seguridad de que fueron más de los 33 enjuiciados los que participaron en la asonada, militares y civiles”.

 Para concluir con este breve repaso a los textos narrados desde sus protagonistas, cabe destacar el libro “Conversaciones con Alfonso Armada, del catedrático de Historia Contemporánea José Manuel Cuenca Toribio. Como su título indica, se trata de una larga charla con una de las más importantes figuras de la asonada. El ex general y antiguo preceptor del rey habla de una reunión mantenida con el monarca el 13 de febrero de 1981 durante una hora y media, en la que transmitió el malestar que se detectaba en el Ejército y su sospecha de que podría producirse algún “hecho grave”. Armada trató de declarar en este sentido durante el proceso contra los implicados, lo que le fue impedido por el tribunal.

“El golpe que nunca existió”, escrito por un ex militar –éste de conocida trayectoria democrática-, Amadeo Martínez Inglés, que, en sus capítulos finales incluye dos conversaciones con el ex teniente general Jaime Milans del Bosch y el testimonio del capellán Mariano del Cid, que se encontraba en la prisión de Alcalá coincidiendo con Alfonso Armada. Según sus declaraciones, el ex general le había contado que a mediados de 1980, el rey le había propuesto ser el presidente de un Gobierno de concentración nacional para salvar la situación crítica por la que atravesaba el país. Con posterioridad a la publicación de este tomo, el propio Armada desmentía personalmente este extremo.

En “23-F: el golpe del CESID”, Jesús Palacios establece la tesis de que los servicios de inteligencia españoles se encontraban detrás de la intentona y personalizando en Jesús Calderón –secretario general del CESID en aquellos momentos- la responsabilidad de los hechos. También se apunta a la responsabilidad del espionaje español en el golpe en el libro “La conjura de los necios”, de los periodistas Fernando Jáuregui, Pilar Cernuda y Manuel Ángel Menéndez. En su obra se desvela la existencia de un informe elaborado por el organismo de inteligencia –el “Informe Jáudenes” (por el nombre de su autor)- en el que se manifiestan sospechas sobre la implicación de diversos mandos del CESID. Y se revelan detalles de las conversaciones de Alfonso Armada con Enrique Múgica y otros dirigentes socialistas del momento.

En el último de los libros sobre un asunto que tanto negocio ha dado a las editoriales, “el 23-F. La historia no contada. Caso Tejero 25 años después”, el periodista José Oneto argumenta que la dimisión del ex presidente Adolfo Suárez, el 29 de enero de 1981, se produjo porque éste ya conocía los planes del golpe y trataba de frenarlo con esta maniobra. Pese a ello, Alfonso Armada decidía entonces acelerar los plazos. Oneto, que ha mantenido conversaciones con más de 150 personas para la obtención de su información, sostiene también que los servicios secretos norteamericanos y, más concretamente la CIA, conocían el desarrollo de la trama con bastante fidelidad y se apunta a la implicación del espionaje español. Según sus investigaciones, a finales de 1980 se había creado en el seno del CESID una unidad especial para ayudar a Tejero en los preparativos del golpe. Igualmente, como otras hipótesis anteriores han mantenido, Oneto explica la existencia de varias tramas paralelas y de “diversos golpes” preparados casi coincidentes en el tiempo.

Sólo son algunos ejemplos de la amplísima producción editorial que el primer intento de golpe de Estado retransmitido por televisión ha dejado en las librerías españolas. A continuación incluimos algunos títulos más, los más representativos; sólo unos pocos de los muchísimos escritos a cuenta de tan triste episodio:

—“El golpe: anatomía y claves del asalto al Congreso”. Miguel Ángel Aguilar, Ignacio Puche y Julio Busquets. Ariel, 1981

—“23-F Ni Milans ni Tejero, el informe que se ocultó”. Juan Alberto Perote. Editorial Foca, 2001.

—“17 horas y media: el golpe del 23-F”. Javier Fernández. Editorial Taurus, 2000.

—“Con la venia... Yo investigué el 23-F”. Pilar Urbano. Editorial Plaza & Janés. 1998.

—“Los cabos sueltos”. Diego Carcedo. Editorial Temas de Hoy.

—“Hablan los militares”. Miguel Platón. Editorial Planeta.

—“23-F, la verdad”. Francisco Medina. Editorial Plaza & Janés.

—“¿Quién venció en febrero?”. Pedro Casals. Editorial Plaza & Janés.

—“Pasiones de servidumbre”. Antonio García Trevijano. Editorial Foca, 2001.

—“El enigma del elefante”. Joaquín Prieto y José Luis Barbería. Editorial Aguilar.

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