Lista Al trasluz

Una cosa lamentablemente es ya cierta

Todas las medidas de los distintos Gobiernos de la democracia, orientadas a encontrar salidas honorables para terminar con la violencia de ETA fueron acogidas con esperanza por el conjunto de la ciudadanía española y, desde luego, por las principales fuerzas políticas. Así ocurrió con la amnistía acordada en tiempos de Adolfo Suárez, en plena Transición, y que supuso la excarcelación de los etarras condenados a prisión.

Lo mismo podría decirse de la inteligente operación llevada a cabo entre 1981 y 1982 por Juan José Rosón, ministro del Interior en el último Gobierno de UCD —siendo Leopoldo Calvo Sotelo presidente—, con la participación del abogado y político Juan María Bandrés, entre otros protagonistas. Supuso la desaparición de ETA político-militar, salvo una parte minoritaria que se pasó directamente a ETA. Etarras exiliados y presos sin delitos de sangre fueron rehabilitados.
Las conversaciones de Argel, desarrolladas en 1989 y auspiciadas por ETA y el Gobierno de Felipe González —con José Luís Corcuera de ministro del Interior—contaron con el respaldo de todos los partidos del arco parlamentario, incluida AP. No dio resultados positivos lo que provocó una penosa impotencia colectiva. ETA siguió matando.

Pero no impidió diez años más tarde que José María Aznar, aprovechando la tregua indefinida de ETA a raíz del Pacto de Lizarra, autorizara negociaciones con la banda terrorista. Tuvieron lugar en Zúrich. Fue un fracaso y hubo nuevos y horripilantes asesinatos. Nadie reprochó al PP en aquel tiempo, salvo críticas de tono menor o secundario, su iniciativa de intentar que ETA se autodisolviera por la vía del diálogo.

¿Alguien recuerda que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), o cualquierotra organización similar, se movilizara contra los acuerdos de Rosón y Bandrés o contra los contactos de Argel o contra los de Zúrich? Las víctimas no protestaron. Tampoco lo hicieron los conservado-res en 1989 ni los socialistas en 1999. La mayoría de comentaristas apoyó al Gobierno de turno en tan trascendental coyuntura.

Todo lo contrario acontece en la actualidad, cuando asistimos a otra oportunidad de paz definitiva. El Gobierno está siendo objeto de las mayores injurias y de las más aberrantes calumnias a cuenta del diálogo con ETA. Y ello a pesar de que cuando la posibilidad empezó a otearse, el presidente acudió al Congreso y solicitó de los grupos parlamentarios que aprobaran su propósito de entablar conversaciones con ETA en un marco reglado y en absoluto vejatorio para la dignidad del Estado democrático.

La poderosa máquina mediática y judicial del PP se ha puesto también en marcha para abortar como sea el fin dialogado de ETA. Rajoy tiene además a su servicio al comisario político Alcaraz, presidente la ATV. El espectáculo es estremecedor y sólo puede entenderse desde la lógica electoralista, intrínsecamente per-versa a los efectos de la delicadísima cuestión que nos ocupa.
Cualquier vaticinio corre el riesgo de que no se cumpla. Abundan los indicios racionales que permiten suponer, con fundamento, que esta vez, sí. Pero puede acaecer que se vuelva a paladear la amargura de la frustración. Nos encontramos —según los cálculos más optimistas— en el principio del fin del túnel del terror. Sólo una cosa lamentablemente es ya cierta: el comportamiento ominoso de la derecha, si el asunto se examina desde el sentido más elemental del Estado. O, si se prefiere, desde la ética y la dignidad de todos los ciudadanos españoles.

Enric Sopena