El Plan Concilia, la futura Ley de Igualdad y la racionalización de horarios definen un nuevo modelo social

Por Virginia Miranda

En tan sólo unas décadas, la mujer española ha pasado de tener que pedirle a su marido consentimiento para trabajar, para abrir una cuenta bancaria, para sacarse el pasaporte y para disponer de sus ingresos, a disfrutar de los mismos derechos que el hombre en todas las esferas de la vida pública y privada. Desde esta perspectiva, la evolución social ha dado pasos de gigante, similares a los cambios políticos acaecidos desde la época de la Transición. Sin embargo, que la población femenina tenga el mismo reconocimiento jurídico que la masculina no es ni mucho menos una garantía de que éste sea efectivo: las mujeres siguen asumiendo gran parte de las responsabilidades familiares y domésticas, que actúan como freno a la hora de desempeñar o mejorar su trabajo profesional. Eso, o lo que es igual de grave: las obliga a elegir entre tener hijos, asumiendo la mayor parte de las responsabilidades que eso conlleva, o desarrollar su carrera profesional a pleno rendimiento. O una cosa u otra porque, en muchos casos, las dos opciones resultan prácticamente incompatibles. El ejemplo más palpable lo encontramos en el Consejo de Ministros; a pesar de que el de José Luis Rodríguez Zapatero es un Gobierno paritario, entre los hombres y las mujeres de su gabinete existen grandes desigualdades, ya que las ocho ministras suman cinco hijos –ninguna de ellas tiene más de uno– y entre los ocho ministros el número de vástagos asciende a un total de 22.

En cualquier caso, cuando el presidente decidió contar con el mismo número de hombres y mujeres en su equipo ministerial no pretendía limitarse a dar un golpe de efecto aparente pero superficial; la paridad iba a ser uno de su objetivos previstos para esta legislatura, aparcado hasta ahora por otras medidas de gran calado a la espera de su oportunidad y que, según parece, está a punto de llegar.

El primer paso lo ha dado el Ministerio de Administraciones Públicas. Con la llegada del nuevo año, la cartera dirigida por Jordi Sevilla ha comenzado a aplicar el denominado Plan Concilia. Negociado y acordado con sindicatos, ofrece varias soluciones con las que compatibilizar el compromiso laboral y las responsabilidades privadas derivadas de los cambios en las estructuras familiares y sociales. La más conocida es el permiso de paternidad. Desde la aplicación de la Ley 39/1999 sobre Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, el padre puede disfrutar de parte del permiso de maternidad de 16 semanas –las seis primeras son exclusivas de la mujer porque se corresponden con su recuperación tras el parto–. Ahora y desde el 1 de enero, los funcionarios de la Administración del Estado que acaban de ser padres por nacimiento, acogida o adopción pueden acogerse a un permiso de diez días independiente del de la madre, es decir, ella no tiene que renunciar a ninguna de esas jornadas.

Junto a éste, existen otros cambios orientados a propiciar una mayor conciliación de las esferas laborales y familiares de los empleados de la Administración central. Es el caso de una jornada laboral que no podrá prolongarse más allá de las seis de la tarde siguiendo el ejemplo de países de nuestro entorno; de un mayor margen para que el funcionario elija su horario laboral de forma flexible; de cuatro semanas más de permiso materno –las mujeres podrán sustituir de forma voluntaria el permiso de lactancia habitual para los hijos menores de doce meses por un permiso de cuatro semanas acumulable a su permiso de maternidad–; de que un empleado público de una familia monoparental pueda pedir, por motivos relacionados con la atención a la familia, una modificación del horario fijo en dos horas; o de que la reducción de la jornada por atención a hijos menores de seis años actualmente vigente se amplíe a los hijos menores de 12 años.

El permiso de paternidad contemplado en el Plan Concilia ya ha beneficiado a algunos funcionarios de la Administración central. Incluso un alto cargo, el secretario de Estado para la UE del Ministerio de Asuntos Exteriores, Alberto Navarro, ya ha disfrutado de diez días junto a su mujer y su segunda hija recién nacida. La otra cara de la moneda se encuentra en Aragón y fuera del ámbito de actuación del plan de Administraciones Públicas. La que era consejera de Servicios Sociales y Familia del Ejecutivo autonómico, Ana de Salas, dimitía hace unos días de su cargo alegando que su próxima maternidad la impediría dedicarse “100 por 100” a su trabajo. Por paradójico que resulte, la responsable del área de familia no era capaz de conciliar la suya con su responsabilidad profesional. Y no por razón de una posible incapacidad personal, sino por una imposibilidad demasiado generalizada.

Radiografía de la no paridad. La radiografía de la sociedad española en materia de igualdad ha mejorado en los últimos años, pero la brecha que sigue existiendo entre hombres y mujeres aún no acaba de cerrarse por muy diversos factores.

Para empezar, la mentalidad sigue siendo un obstáculo a la paridad. El porcentaje es pequeño pero resulta preocupante que todavía hoy, y según una reciente encuesta del CIS, el 17,3% de los ciudadanos considere que “el deber de un hombre es ganar dinero y el de una mujer, cuidar de su casa y su familia”. Sin llegar a estos extremos, los mal considerados roles masculinos y femeninos permanecen como una huella indeleble en demasiados hogares y centros de trabajo. Según el “Estudio sobre la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral: Situación Actual, Necesidades y Demandas”, publicado en abril de 2005 por el Instituto de la Mujer de la Secretaría General de Políticas de Igualdad (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), existe una segregación ocupacional y sectorial en las empresas; más de la mitad de las mujeres desarrollan empleos de tipo administrativo, servicios de restauración personales, protección y vendedores de comercios. En cuanto a la presencia femenina en puestos de dirección de empresas y de la Administración pública, sigue persistiendo una segregación vertical –el llamado techo de cristal–: las mujeres no alcanzan a cubrir la tercera parte de estos puestos. Todo ello incide en el hecho de que las españolas perciban un 27% menos de salario que los hombres; por su menor presencia en puestos de responsabilidad, porque los sectores donde mayoritariamente trabajan están peor remunerados e incluso por la menor retribución salarial por el desempeño de un mismo trabajo. Y existe otra circunstancia. Según un reciente informe de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, el porcentaje de mujeres que trabaja a tiempo parcial es muy superior al de los hombres, el 4,8% de los varones están empleados la mitad de la jornada, mientras que en el caso femenino el índice asciende al 25,8%. El motivo: son más las mujeres que renuncian a un mejor sueldo y promoción profesional para dedicar más tiempo al cuidado de los hijos.

Y es que cuando hay que elegir entre criar a los niños o acudir a la oficina, hay pocas opciones. Según acaba de denunciar UGT a partir de datos del Instituto Nacional de Seguridad Social, desde 2000 las excedencias por cuidado de hijos corresponden casi exclusivamente a las madres. Lo mismo ocurre con el permiso de maternidad –aunque a partir de la entrada en vigor de la actual Ley de Conciliación cada vez son más los padres que se acogen a él– y nueve de cada diez personas que abandonan su trabajo por responsabilidades familiares son mujeres. A estos datos hay que añadir que la tasa bruta de natalidad en España se ha reducido considerablemente desde 1975: si aquel año las españolas tenían 2,8 hijos, en 2002 la cifra se rebajó a los 1,26. Además, una de cada cuatro mujeres tienen menos hijos de los deseados –según datos del INE–, las madres dan a luz por primera vez a edades cada vez más avanzadas y, mientras el primer parto apenas afecta a la tasa de empleo femenina, el segundo embarazo lo hace de forma considerable: varía entre 10 y 12 puntos porcentuales respecto a las españoles sin hijos y con uno.

Al margen del las responsabilidades derivadas de la atención a los niños, en los hogares persiste la tradicional concepción de los roles. Según la encuesta del CIS publicada a finales del mes de diciembre, la mujer es la que se dedica prácticamente en solitario a hacer la colada (80,1%), a hacer la compra (48,6%), a decidir qué se va a comer en casa (69,3%) y a cocinar (74,3%). Los hombres parecen reservarse para las pequeñas reparaciones del hogar (67%) –aunque es la labor en la que participan más terceras personas (6,5%)–, frente a menos del 1% dedicado al resto de tareas.

En el cuidado de las personas dependientes también se percibe una diferencia significativa respecto a la asunción de responsabilidades –aunque en este caso, la solución que ha dado el Gobierno pasa por la futura Ley de Dependencia–. La atención de discapacitados y mayores –1,1 millones de personas con una dependencia severa y grave y 1,6 millones con alguna discapacidad para realizar alguna de las tareas básicas de la vida diaria– recae en las familias, donde el 83% de los cuidadores son mujeres. Nuevamente, su tarea dificulta sus posibilidades de empleo: tres cuartas partes de estas españolas no desarrolla actividad laboral alguna.

Los horarios. Los horarios laborales en España dificultan aún más el reparto de tareas; desaniman a las mujeres a buscar trabajo o promocionarse y a los hombres a implicarse en sus obligaciones familiares. Y según el informe de Eurostat, resultan contraproducentes para su rendimiento en las empresas. Al parecer, los españoles tienen una de las jornadas laborales más largas de la UE: trabajan once horas más al mes y disfrutan de dos días menos de vacaciones que sus vecinos europeos. Y sin embargo, su productividad es menor a la media de la Unión. Estas conclusiones coinciden con las del documento ‘España, en hora’, elaborado a petición del Gobierno por la “Comisión Nacional para la Racionalización de los horarios españoles y su Normalización con los de los demás países de la Unión Europea” de la Fundación Independiente –formada por siete ministerios, ocho comunidades autónomas, sindicatos, patronal, once universidades y varias fundaciones y asociaciones–. Según este estudio, las jornadas laborales extensas provocan efectos perniciosos como el bajo índice de natalidad, la difícil conciliación de los horarios de los centros educativos con los laborables, incluso problemas de pareja y relaciones sociales. Por eso, consideran que un horario más ajustado y similar al del resto de países europeos supondría una mejora sustancial en la calidad de vida del trabajador y un incremento de su productividad. Sus recomendaciones pasan por tanto por adecuar los horarios a los de la UE reduciendo entre 45 minutos y una hora el tiempo del almuerzo –que en nuestro país se prolonga al menos durante dos horas– y que a las seis de la tarde finalice la jornada laboral para poder dedicar el resto del día a las tareas familiares.

Los políticos también son conscientes del problema que plantean las jornadas laborales tal y como están planteadas. El pasado mes de septiembre, y a propuesta de la diputada del PP, Carmen Quintanilla, que planteó la queja de que “vivimos sin poder educar a nuestros hijos por falta de tiempo y sin vida personal”, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la creación de la Subcomisión para la Adecuación de los Horarios, cuyo objetivo consiste analizar los horarios españoles, especialmente los laborales, y emitir recomendaciones para mejorar la conciliación entre trabajo, familia y vida personal.

Lentos avances. La conclusión, sin embargo, no es tan desalentadora como a primera vista parece. La tasa de ocupación femenina, lejos aún de la masculina, registra año a año sensibles incrementos. Según los últimos datos de la EPA, en el cuarto trimestre de 2005 ha crecido seis décimas respecto al periodo anterior hasta situarse en el 46,95% –la de los varones es del 68,95%–. Y los permisos de paternidad solicitados desde 1999 también han registrado un incremento constante. Según los datos publicados la pasada semana por la Seguridad Social, en 2005 se gestionaron 299.605 prestaciones económicas por maternidad, un 6,21% más que en 2004. Y aunque la mayor parte de los permisos son solicitados por la madre (294.337), cada vez son más los padres que hacen uso de él por acuerdo con su pareja femenina, que es la titular del derecho. El pasado año, un total de 5.268 hombres solicitaron este permiso, un 14,80% más que en 2004 (4.587 padres). Las Comunidades Autónomas que registraron un mayor aumento del número de progenitores masculinos que accede a este permiso son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 20,62% y 15,17% respectivamente, seguidas de las de Cantabria (13,71%), Comunidad Valenciana (11,01%) y Asturias (9,02%). El único descenso se registró en la comunidad Navarra (-1,34%).

Los dos indicadores demuestran que, aunque lentamente, hombres y mujeres están comenzando a aproximarse en dirección a la deseada paridad, pero el ritmo aún es lento y requiere de un empujón por parte del Gobierno.

La ley. Al Ejecutivo no sólo le sobran razones en España para velar por la igualdad de hombres y mujeres y la conciliación de su vida laboral y familiar; desde Europa se viene insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de articular los instrumentos que propicien su consecución. La Cumbre de Lisboa del año 2000 puso de manifiesto la necesidad de una organización de los tiempos de trabajo que no desaliente la prolongación de la vida activa, consienta la formación permanente, mejore la capacidad de inserción laboral y haga posible la conciliación de la vida profesional con la personal. El Congreso Europeo también puso de manifiesto que una de las principales debilidades del mercado laboral es la insuficiente participación de las mujeres, a quienes reserva, para el año 2010, una tasa de empleo del 60%. E insistió en la necesidad de promocionar la igualdad de oportunidades de los dos sexos. Por otra parte, existe una directiva de la UE en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en materia de empleo que contempla obligaciones para los Estados miembros, las empresas y los agentes sociales para cumplir en el ámbito de su competencia con el principio de igualdad.

Además, el programa electoral del PSOE lo decía bien claro: “Presentaremos una Ley de Garantía de la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, que vaya más allá de la igualdad jurídica para garantizar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Definirá el significado de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y de discriminación directa e indirecta, junto con el desarrollo de mecanismos públicos para asegurar la igualdad real”.

Precedida por la urgencia de otras medidas sociales de gran calado como la Ley de Violencia de Género, la modificación del código civil para permitir los matrimonios del mismo sexo o la Ley de Dependencia, la de igualdad verá la luz a lo largo de este año o principios de 2007 y responderá a la trasposición de la directiva de la UE en esta materia. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ya ha anunciado una de las iniciativas que el Gobierno prevé incluir en el anteproyecto de Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, texto que ya está siendo debatido dentro de la mesa de diálogo social con sindicatos y empresarios y en cuyos trabajos preparatorios también han participado más de 30 asociaciones de mujeres. Esta medida prevé un permiso de paternidad de diez días como el que ahora disfrutan los funcionarios de la Administración general del Estado, es decir independiente del de la madre y no derivado, de carácter voluntario y a cargo de la Seguridad Social. Según la idea de partida, las empresas seguirían costeando, como hasta ahora, los dos primeros días a los que tienen derecho todos los empleados según en Estatuto de los Trabajadores. Mientras, la Seguridad Social abonaría directamente al solicitante el dinero correspondiente a su salario y a sus cotizaciones correspondientes a los ocho días restantes.

Los sindicatos quieren incluso aumentar el permiso a 15 días, las asociaciones de mujeres proponen incrementarlo en cuatro semanas y la patronal no está de acuerdo con que se imponga por ley el permiso de paternidad. Pero el Ejecutivo no parece dispuesto a dar marcha atrás; dice que los 10 días son “una medida excepcional” y “un punto de partida” para introducir y universalizar el derecho de este tipo de permisos tanto de hombres como de mujeres.

Por otra parte, el anteproyecto de ley, cuyo borrador será presentado a los agentes sociales el 6 de enero y comenzará su tramitación en primavera, impulsará otra serie de medidas tendentes a reducir las diferencias existentes entre géneros en el ámbito laboral, especialmente las relativas a salarios. Asimismo, se promoverá la paridad a todos los niveles. Así, se podría incentivar a las empresas que alcancen este nivel de igualdad en sus consejos de administración o se penalizaría a las que ejerzan discriminación salarial. Incluso se habla de la presencia equilibrada de hombres y mujeres en las listas electorales, en los espacios de participación política y en los de toma de decisión y de la promoción de la igualdad en todos los ámbitos sociales, como el educativo, el de la comunicación, el de la Administración pública o el de la Justicia.

También es posible que el anunciado permiso de paternidad de 10 días se vea incrementado. Según la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, “se estudia la posibilidad” de flexibilizar este permiso a los 20 días a tiempo parcial “siempre que sea el órgano de decisión la negociación colectiva”.

Paridad, racionalización de horarios, mayor implicación del padre en el cuidado y educación de los hijos, conciliación de la vida laboral y familiar... La sociedad española camina hacia una nueva estructura donde los derechos y lo deberes de padres y trabajadores dejen de tener género, donde los hombres y mujeres alcancen de hecho la plena igualdad.

Las distancias laborales, cada vez más cortas