Jacques Chirac intentó cerrar la llaga histórica que es para la República Francesa su período histórico como gran potencia colonizadora nada más empezar el año. La herida estaba –y sigue– abierta desde noviembre, cuando se retomó el debate en torno a la ley de 23 de febrero de 2005.

El 29 de noviembre, la Asamblea Nacional se pronunciaba en contra de la propuesta de derogación de un artículo de la ley exigida por la izquierda parlamentaria. Aunque la ley de 23 de febrero de 2005 fue concebida para expresar el “reconocimiento de la nación francesa y contribución nacional de los franceses repatriados”, un tema no excesivamente importante en la agenda política gala, la ley de 23 de febrero de 2005 contiene todo un artículo de la discordia. Es el número cuatro: “Los programas escolares reconocen en particular el papel positivo de la presencia francesa en ultramar, especialmente en el norte de África”.

La controversia despertada por la afirmación “papel positivo” y los fantasmas de la colonización francesa son tales que el primer día de 2006 en que tuvo ocasión de manifestarse ante la prensa, Jacques Chirac, reconoció que el artículo “debe ser reescrito”. La orden de la reescritura, según justificó Chirac, se debe a que el artículo cuatro de la ley “divide a los franceses”. Sin embargo, los sondeos de opinión realizados a principios del mes pasado revelaron que el 64 por ciento de los franceses aprobaban la redacción del artículo. El porcentaje restante de encuestados o bien no contestaron por no saber qué responder o bien se manifestaron en contra. Entre los que eligieron esta última opción se encuentran, también, la gran cantidad de historiadores que han hecho frente común para que el artículo cuatro sea derogado.

Claude Liauzu, profesor emérito de Historia en la Universidad de Denis Diderot-Paris VII, explicaba con claridad el fundamento de la crítica que hacen los historiadores al párrafo de la ley en cuestión. Según escribía Liauzu en un artículo recientemente publicado en la Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, “es evidente que, al menos en democracia, la función del legislador es la de definir lo que está prohibido o autorizado, no la de decretar la verdad científica”. De la misma forma, el director de Estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS), Marc Ferro, asegura: “El Estado que gobierna no debe moralizar sobre la historia de la cual ha sido agente, sacralizando su política como si siempre hubiera encarnado el bien”. Según Ferro, ésta es una tentación que recuerda, grosso modo, a la forma en la que los Estados totalitarios tratan a su historia y, en especial, a la cita del primer ministro de la URRS,  Nikita Kruschef, en la que decía que los historiadores son “gente peligrosa”. Aunque las palabras de Ferro puedan resultar algo faltas de medida, no es menos cierto que Arno Karsfeld, el abogado al que el ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, ha encargado realizar una reflexión sobre “la ley, la historia y la memoria”, fue quien reprochó a los historiadores que militan contra las así denominadas “leyes memoriales”, “tener la voluntad confiscar la historia”.

Karsfeld y los miembros del partido que preside Sarkozy, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), quisieran que la opinión de los historiadores movilizados fuera la de la minoría de hombres de letras que apoyan la actual redacción del texto legal. Un ejemplo de ellos es Péroncel Hugoz, el que fuera especialista de los países del Sur para el rotativo Le Monde durante 35 años. Sin embargo, lo que Hugoz entiende como resultado de la “valentía” de quien propuso el artículo, el diputado de la UMP Christian Vanneste, resulta para Claude Liauzu una “ley contra la historia” porque “calla la parte oscura de la colonización, los maltratos y los crímenes cometidos contra las poblaciones de los territorios colonizados”. 

Al hablar de “parte”, Liauzu reconoce de forma implícita que la colonización no se identifica exclusivamente con los desmanes del régimen colonial compilados recientemente por Olivier Le Cour Grandmaison en el libro Coloniser Exterminer. Sur la guerre et l’Etat Colonial (Ed. Fayard. 2005). Como aseguran los historiadores Gilbert Meynier y Pierre Vidal-Naquet al comentar este libro que juzgan de parcial por centrarse sólo en las violencias desencadenadas durante la colonización, “la historia no se sacia jamás con algo unívoco”. Pero, si más allá de tener que considerar la ambigüedad del hecho histórico, de lo que se trata es de establecer un balance entre los hechos positivos y negativos que tuvieron lugar durante la colonización francesa, el saldo que establece Marc Ferro es “globalmente negativo”. De hecho, se puede afirmar que el balance es tan negativo que incluso tras la firma de los acuerdos de Evian en 1962 que pusieron fin a la más violenta de las experiencias coloniales francesas, la de Argelia, en Francia todavía se vive de batallas ligadas al colonialismo: “Les batailles des mémoires” (batallas de las memorias).

Esther Bembassa, de la Escuela Práctica de Altos Estudios (EPHE), aseguraba hace unos días que en Francia hay “memorias a flor de piel que se niegan a la distanciación, a la comparación, a la contextualización”. Esas memorias, que encuentran su ejemplo más evidente en la generación de jóvenes cuyo origen reenvía a la colonización francesa y que fue protagonista, en parte, de los disturbios vividos en el territorio francés en noviembre, están interpelando a la historia de Francia. Parecen solicitar una ley memorial, sabedoras de que “la historia se escribe de ahora en adelante bajo la presión de las memorias colectivas”, como escribió en su día el académico francés, Pierre Nora, el autor de la obra que mejor trata la identidad de la nación francesa, Lieux de Mémoire (Ed. Gallimard. 1997).

Las leyes memoriales son producto de las presiones que ejercen las diversas memorias sobre las instituciones en Francia. De esta forma, en julio de 1990 se aprobaba la ley Gayssot. Un texto que prohibía el negacionismo. En enero de 2001, a través de una ley compuesta por un artículo único, Francia reconocía públicamente el genocidio armenio. Cinco meses después, también gracias otra ley, Francia calificaba la esclavitud de “crimen contra la humanidad”. El escenario generado por estas leyes memoriales es para la escritora y ex consejera de Estado, Françoise Chandernagor, un “infierno de buenas intenciones”. Un infierno, fruto de una dinámica política concreta, a saber: el Parlamento francés aprueba leyes que santifican fragmentos de la historia sólo para apaciguar memorias heridas.

La ley de 23 de febrero de 2005 es también producto de esa misma lógica de acción parlamentaria que tanto inquieta a los historiadores. En especial a los que firmaron el texto Libertad para la historia a mediados de diciembre. Chandernagor, Bembassa, Pierre Vidal-Naquet, Pierre Nora y Marc Ferro forman parte del grupo de 19 intelectuales e historiadores que firman dicho texto con el objetivo de mostrar su  preocupación “por las cada vez más frecuentes intervenciones políticas y la cada vez más frecuentes apreciaciones de hechos del pasado, así como por el procedimiento judicial que toca a los historiadores y los pensadores”. Esther Bembassa reconoce que esta tendencia actual, seguirá empapando a la historia pues ésta “no será impermeable a las memorias que se manifiestan hoy día en Francia”. Entre otras cosas, “porque la historia es el producto de los esfuerzos de los hombres y mujeres de su tiempo”.

2006 ofrece un escenario no menos inquietante para los historiadores. Porque Chirac no se plantea abrogar las leyes memoriales como solicitan los signatarios de Libertad para la historia. El texto se va a rescribir, pero antes de hacerlo se pedirá opinión a los científicos de la historia. Una pequeña gran diferencia respecto del procedimiento con el que se preparó la ley de 23 de febrero de 2005. Durante los dos años de preparación del texto no hubo contacto alguno con historiadores.