Los últimos focos ‘ultras’ que se esconden en el Ejército tras el ‘caso Mena’

SUSURRO DE SABLES

Las Fuerzas Armadas españolas han experimentado, a lo largo de las últimas décadas, un proceso de democratización y profesionalización inimaginable tras el final de la dictadura. Sin embargo, las polémicas declaraciones del teniente general José Mena Aguado han avivado los rescoldos preconstitucionales que aún se resisten a desaparecer del mundo castrense. La carta de apoyo firmada por 50 miembros de la XIX Promoción a la que pertenece el jefe de la Fuerza Terrestre, publicada poco después de que pronunciara su controvertido discurso donde enarbolaba el no menos debatido artículo 8 de la Constitución, demuestra, según fuentes militares, que su posicionamiento frente al Estatuto de Cataluña no es, como pretende el Gobierno, un caso aislado; advierten también de la existencia de otros mandos y de otras actitudes que, aunque no entrañan el peligro de volver a escuchar el ruido de sables, conviene atajar de raíz por razón de higiene democrática. Por otra parte, el caso Mena también ha abierto algunos interrogantes y ha puesto en duda la idoneidad de determinadas cuestiones. ¿Tuvo la Casa Real conocimiento del discurso antes del 6 de enero? ¿Por qué el Partido Popular no ha sido tajante a la hora de condenar las declaraciones? ¿Cuál es el significado de la Pascua Militar? ¿Qué son y qué importancia tienen las asociaciones militares? ¿Por qué el artículo 8 de la Carta Magna?

Por Virginia Miranda

La experiencia reciente ha demostrado que el Ejército se ha asimilado con éxito al orden constitucional. Las Fuerzas Armadas españolas son capaces de participar en organismos internacionales con capacidades técnicas, logísticas, humanas y organizativas similares a las de los ejércitos procedentes de países con larga tradición democrática. Y dentro del territorio nacional, su imagen ha mejorado de forma considerable y tanto los militares como los civiles, salvo una minoría de nostálgicos irreductibles, tiene meridianamente clara la línea que divide sus competencias y sus límites.

Sin embargo, otra experiencia, no muy lejana y repetida de forma intermitente desde el siglo XIX hasta hace apenas 15 años, aún sigue coleando en la memoria colectiva, consciente del modo en que los militares han sido capaces de anegar los Gobiernos constitucionales y parlamentarios españoles hasta hacerlos desaparecer bajo la dictadura o de cómo estuvieron a punto de echar a perder la Transición.

Por todo ello, el discurso pronunciado en Sevilla con motivo de la Pascua Militar por el teniente general José Mena Aguado, donde aseguraba que “es nuestra obligación alertar de las graves consecuencias de la aprobación del Estatuto de Cataluña en los términos en que está planteado” y que si sobrepasa los límites constitucionales “sería de aplicación el articulo 8º de la Constitución” –“Las Fuerzas Armadas [...] tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional”–, ha caído como un jarro de agua fría entre la opinión pública, recordando épocas pasadas afortunadamente superadas.

Tras estas declaraciones, el titular de Defensa, José Bono, a propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Félix Sanz Roldán, acordó su arresto domiciliario de ocho días. Y el pasado 13 de enero, después de que el ministro elevara la propuesta del JEMAD, el Consejo de Ministros cesó a Mena como Jefe de la Fuerza Terrestre.

Pero a pesar de estas medidas y de las declaraciones de Bono, quien asegura que el de Mena es un caso aislado en el Ejército, Defensa no ha logrado dar carpetazo a este incómodo asunto. Reacciones, acontecimientos y comunicados se han ido sucediendo en días posteriores aprovechando una oportunidad que poco tiene de excepcional y espontánea.

Fuentes militares aseguran que la carta publicada el 10 de enero en el diario La Razón y firmada por alrededor de 50 compañeros de la XIX promoción de la Academia General Militar no responde a la improvisación. Fernando Reinlein, portavoz de la asociación Foro Milicia y Democracia (FMD) y autor del libro Capitanes rebeldes (La Esfera de los Libros), cuenta que algunos de ellos se repartieron los teléfonos del resto de mandos –todos retirados o en la reserva salvo Mena, el jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), José Antonio García González, y el teniente general Domingo Marcos– para pedirles su adhesión a las manifestaciones de Mena Aguado. Reinlein considera que “la cosa no es para ponerse nervioso”; de los más de 300 tenientes que salieron en 1964 de la academia, y teniendo en cuenta que la mayoría deben seguir vivos, que sólo se hayan adherido medio centenar –menos tres de ellos que pertenecen a la XX promoción– no es como para hablar de ruido de sables.

Por otra parte, tanto Reinlein como otras fuentes militares consideran extraño que Mena, un hombre con fama de moderado y prudente, haya realizado semejantes manifestaciones. Según algunas de estas fuentes, el teniente general ha sido escogido para verbalizar el sentir de otros altos mandos que, estando retirados, no alcanzarían la repercusión deseada –y el de otros militares en activo que no han querido echar a perder su carrera–. Se ha jugado mucho echando un pulso al Gobierno a dos meses de pasar a la reserva después de 40 años de servicio, “pero ante sus compañeros ha quedado como un símbolo, un héroe que se ha sacrificado por el bien de España”. Quienes conocen desde dentro el mundo castrense llaman la atención precisamente sobre esos compañeros, los de la promoción XIX, y advierten que “las voluntades militares en temas políticos nunca han funcionado tan rápido como hemos visto ahora”, por tanto es improbable que no estuvieran al tanto del discurso de Mena antes de la Pascua Militar y que no hubieran redactado el manifiesto con anterioridad. También destacan que en la lista de firmantes, cuyo rango oscila entre teniente coronel y general, aparece un gran número de militares monárquicos, y subrayan el hecho de que la enumeración de sus nombres no responde a un orden alfabético o de escalafón. A los que sin embargo echan en falta es a tres generales que trabajaron en el CESID en las dos épocas de Javier Calderón; la primera, cuando era número dos de los servicios de inteligencia españoles durante el 23-F, y la segunda, cuando José María Aznar le nombró su director. Se trata de Francisco García Almenta, nombrado jefe de la Agrupación Operativa en Misiones Especiales (OME) tras el golpe por Calderón; José Ignacio Pastor Iglesias –alias Pastrana–, que fue ascendido de general de Infantería a general de División por gestión directa de su superior y ha sido jefe de la División de Inteligencia Exterior del CESID; y Miguel Durbán, jefe de Relaciones de los servicios de inteligencia en 1981 y recuperado por el Partido Popular cuando ya estaba retirado para dirigir la comunicación e infraestructuras de La Moncloa.

Otra consecuencia reseñable del caso Mena es la reacción de las asociaciones militares (ver despiece “Asociaciones militares, jutas pero no revueltas”) y los ecos que ha tenido en la prensa. No sólo el alúd de cartas al director enviadas a diarios próximos a la derecha como La Razón, ABC o El Mundo –circunstancia, dicen, que tampoco se ha dejado a la improvisación–, también y muy especialmente los artículos de opinión publicados en Libertad Digital, diario de Internet editado por el periodista estrella de la COPE, Federico Jiménez Losantos, y firmados por el Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), dedicado al análisis de la seguridad internacional y la defensa. El 8 de enero, dos días después del polémico discurso, en el artículo titulado “La libertad sancionada”, se decía que “a nadie se le escapa que las palabras del teniente general son muy representativas del sentir de la gran mayoría de nuestros jefes y oficiales [...]. Tan cierto es esto como que la autoridad del ministro Bono hace ya tiempo que se redujo a mínimos, por el uso abusivo de nuestros muertos en acción con fines políticos”. El 11 de enero, en “El rayo que sí cesa”, volvían a atacar al titular de Defensa y reiteraban que “lo único” que hizo Mena “fue expresar un sentimiento compartido con parte de sus oficiales acerca de un posible futuro de España amenazada por la desmembración”.  El siguiente texto, fechado el 12 de enero y llamado “La cuestión militar”, aseveraban que “un sector de los militares, probablemente mayoría, piensan que las Fuerzas Armadas no pueden ser testigos mudos de un proceso que conduce irremediablemente a la desmembración de la Patria que han jurado servir y defender”.

Lo más destacado de estos artículos no son sus conclusiones ya de por sí alarmantes, sino el estrecho vínculo de GEES con el PP, que podrían explicar la ambigüedad con la que el principal partido de la oposición ha valorado el caso Mena –su secretario de Comunicación, Gabriel Elorriaga, dijo en un primer momento que el discurso “es reflejo de la situación que estamos viviendo”, y su presidente, Mariano Rajoy, aseguró poco después que el comportamiento del teniente general “no pasa porque sí” sino porque “hay inquietud”–.  El Grupo de Estudios Estratégicos fue fundado y está actualmente presidido por Rafael Bardají, que después de pasar por el Ministerio de Defensa como consejero de Eduardo Serra y ser subdirector de Investigación y Análisis del Real Instituto Elcano recaló en FAES, donde actualmente es director de Política Internacional y es considerado la mano derecha del ex presidente Aznar para los asuntos que traspasan nuestras fronteras.

Y otro factor sin duda llamativo del caso es la oportunidad del discurso. Diego Camacho, coronel de Infantería, ex agente del CESID y coautor del libro La España otorgada (Anroart Ediciones), considera que “si Mena Aguado ha aprovechado un momento institucional como la Pascua Militar donde representa al Rey, el mismo día en que el Monarca hablaba en el Palacio de Oriente, para lanzar estas manifestaciones sin conocimiento del Gobierno y la Casa Real, ha incurrido en manifiesta deslealtad. Parece que el Ejecutivo no conocía el contenido del discurso, pero no sabemos si Zarzuela sabía algo al respecto”. Y efectivamente no lo sabremos. Preguntada sobre si tenía conocimiento de las manifestaciones del número dos del JEME antes del 6 de enero, en Zarzuela se limitan a responder que “la Casa Real no tiene nada que decir sobre el caso Mena”.

La carta de apoyo al teniente general le merece la misma opinión. El coronel de Infantería dice que “lo primero que hay que tener en cuenta es que los militares nunca pueden dirigirse colegiadamente para dar sus opiniones. Redactar un manifiesto y firmarlo de forma colectiva infringe la ley porque el militar sólo puede hacer reclamaciones a título individual”. Ni siquiera considera justificables las motivaciones esgrimidas en la carta, donde se dice que la alusión de Mena Aguado al artículo 8 de la Carta Magna se circunscribe “al deber de todo militar de ser fiel al juramento o promesa de guardar y hacer guardar la Constitución”. “Este artículo es el garante de la unidad de España, y en democracia, apelar a esta norma le corresponde al Gobierno de la Nación” y no a los militares, recuerda Camacho.

Casos paralelos. El caso Mena, las declaraciones del teniente general y todas sus derivadas, no son las únicas reminiscencias del un pasado que aún se resisten a desaparecer del mundo castrense. El primer ejemplo lo encontramos en el escalafón militar. Joaquín Tamarit, ascendido en el verano de 2004 por el ministro Bono de general de División a teniente general, tomó parte en el intento del golpe de Estado del 23-F. Así lo cuenta el comandante de Infantería Ricardo Pardo Zancada en su libro 23-F. La pieza que falta. Testimonio de un protagonista (Plaza & Janés). En esta edición, en la que Zancada se responsabiliza de buena parte de las operaciones golpistas, menciona en varias ocasiones a Tamarit y le identifica como miembro activo de la operación, aunque también recuerda que la noche del golpe le dejó solo a pesar de que “tuvo el motivo de más peso de todo aquel Estado Mayor para seguirme al Congreso. Además de sus incitaciones a la acción en las reuniones operativas [...] fue el único oficial de aquel Cuartel General que supo por mí lo que se perpetraba desde la mañana del día D” –por cierto que Tamarit y Zancada pertenecían en aquellas fechas a la División Acorazada de Brunete número 1, donde Mena fue nombrado en 2000 jefe de la División Mecanizada–.

Según fuentes militares, el ascenso de Tamatit provocó fuertes divisiones en el seno del PSOE, pero el ministro decidió continuar el denominado “corrimiento del escalafón” del entonces también jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa –ascendiéndole a segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército– bajo cuya responsabilidad estaba la documentación del Yakolev 42.

Otro caso es el de La Pascua Militar. En realidad, sus orígenes se remontan al despotismo ilustrado; el monarca Carlos III instauró la costumbre de dirigirse a las Fuerzas Armadas para darles moral de cara a las empresas militares del siglo XVIII contra Inglaterra. Finalizado el reinado, la celebración desapareció hasta que Franco la resucitó para dirigirse al Ejército como poder fáctico. El coronel Diego Camacho considera que “fue un anacronismo preservar esta costumbre tras la aprobación de la Constitución. El Rey se dirige anualmente a los jueces y magistrados al inicio del año judicial. Hacer lo mismo en la Pascua Militar con las Fuerzas Armadas las pone en un mismo plano de igualdad con los poderes legítimos dando lugar a equívoco entre civiles y militares que pueden considerarlas un poder fáctico, cuando según la Carta Magna son una herramienta para la defensa de España siempre dentro del poder Ejecutivo”. Defensa ya debe haberse percatado de ello porque, al parecer, estudia suprimir los discursos de los generales del 6 de enero.

Por otra parte, el caso Mena tiene un antecedente inmediato de mucha menos repercusión pero con semejantes reacciones entre las asociaciones militares. El pasado mes de julio, un coronel difundió a través de la Intranet del Ministerio de Defensa un llamamiento para impedir “la desmembración de España”. El militar fue sancionado con ocho días de arresto domiciliario, un “trato benévolo” según la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) “por un hecho que debería haber sido objeto de, al menos, la instrucción de un expediente disciplinario por presunta falta grave” ante la difusión de “un mensaje que tiene rancio sabor a otras épocas felizmente superadas”. Mientras, el presidente de la Asociación de Militares Españoles (AME), José Conde Monge, dijo que el coronel se limitó a defender la Constitución en un momento en que se intenta modificar la Carta Magna “nadie sabe cómo” y se habla de posibles negociaciones con ETA.

Coincidiendo con los recientes acontecimientos, Izquierda Unida ha alertado sobre otro símbolo del pasado. El grupo parlamentario Izquierda Verde IU-ICV registró la pasada semana una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que solicita al Gobierno que “se supriman los símbolos fascistas visibles” utilizados para el reconocimiento y la identificación de los aviones de diversas unidades del Ejército del Aire que permanecen inalterables desde la Guerra Civil; se trata de la Cruz de San Andrés negra sobre fondo blanco en el timón de cola del plano que deriva de los aviones o del emblema de la denominada “Patrulla Azul” del capitán –luego comandante– falangista García Morato, que durante la guerra fue símbolo de una escuadrilla fascista, en el Ala 11, unidad donde se van a encuadrar los nuevos Eurofighter.

Pero lo más preocupante de todos estos casos es la actitud de determinados militares, cuyos comportamientos no responden al espíritu democrático y a la defensa de la Constitución que ahora enarbolan.

Cádiz. 21 de octubre de 2005. El ministerio de Defensa celebra en la provincia andaluza una serie de homenajes a los caídos en la Batalla de Trafalgar 200 años después de la contienda. Leopoldo Estampa, director general de Relaciones Institucionales del departamento que dirije José Bono, organiza uno de los actos en el portaaviones Príncipe de Asturias, al que asisten políticos andaluces y diputados y senadores de las Cortes. Cuando suben al barco, según relatan testigos presenciales, se encuentran para su sorpresa con que las sillas disponibles no son para ellos, sino para las mujeres de los mandos de las Fuerzas Armadas allí presentes. Y que tras permanecer de pie durante cuatro horas, deben salir por una puerta de difícil acceso, mientras que militares y esposas hacen lo propio por la principal. Pero esto no deja de ser una falta de respeto a los cargos electos. Lo inquietante del caso y lo que acabó de provocar sus quejas fue que, situados tras los asientos, los políticos pudieron eschuchar a aquellas mujeres encendidas críticas al Gobierno y al “ministro socialista” y desacertadas menciones a un golpe de Estado.

Noviembre de 2004. Una reunión de altos cargos en un acuartelamiento de Madrid. Los allí presentes se lamentan de que el ministerio acabara de sancionar y arrestar al sargento primero instructor que había realizado una práctica de simulacro de atentado a una autoridad en una cafetería del centro de la ciudad próxima al Ayuntamiento. El motivo de aquel encuentro, según fuentes conocedoras de lo que allí se celebra, no era otro que la conmemoración de 20-N unos días después de la efeméride para no levantar sospechas. El Siglo tiene constancia de que ya se han organizado este tipo de reuniones con anterioridad, aunque los asistentes se cuidan mucho de despejar el terreno para que ninguno de los compañeros que no conculcan con sus ideas les vaya a aguar la fiesta.

Afortunadamente, estos no dejan de ser casos aislados y la democratización del Ejército está fuera de toda duda. Pero precisamente por su demostrado respeto al poder Ejecutivo y a las leyes que emanan de las Cortes, el Gobierno debe acabar de limpiar de polvo y paja a las Fuerzas Armadas españolas.