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El
dinero y el término 'nación'
enquistan las negociaciones
'SPRINT' FINAL PARA
EL ESTATUT
A Rodríguez Zapatero le hubiera gustado haberse tomado las uvas
con la reforma del Estatuto catalán pactada. Sin embargo, 2006
ha comenzado con las negociaciones entre socialistas y partidos catalanes
tropezando en las cuestiones que siguen siendo las más polémicas:
la inclusión o no del término "nación"
y la propuesta de financiación autonómica, a la que el vicepresidente
económico Pedro Solbes ha metido seriamente mano para tremendo
disgusto de nacionalistas e independentistas. Queda un mes para que todos
se sienten en las ponencias de la Comisión Constitucional que deberá
debatir el proyecto de reforma y han comenzado a aflorar los nervios.
Nadie quiere volve al Congreso sin haber alcanzado un pacto. Es el momento
de enseñar las cartas.
por V.C.
El propio secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda,
lo reconocía hace pocos días. Unos pueden creer que el vaso
de las negociaciones para la reforma del Estatuto está medio vacío
y otros que medio lleno, pero de lo que nadie duda es de que está
a medias. Tres meses después de su toma en consideración
por parte del Congreso de los Diputados, aún quedan muchas cosas
por acordar para que el nuevo Estatuto salido del Parlamento autonómico
pueda lograr su aprobación en Madrid.
Terminaba 2005 con cierta esperanza de entendimiento. El 29 de diciembre
socialistas y catalanes hacían la digestión de los excesos
de la Navidad reuniéndose en el Parlament. Se trataba del primer
encuentro conjunto entre los negociadores del PSOE y los de los cuatro
partidos que aprobaron el Estatuto en la cámara autonómica,
una fórmula de
negociación que aparentemente dio sus frutos ya que se lograron
acercamientos significativos en numerosos puntos. La reunión sirvió
para poner en común los avances lo-grados durante las semanas precedentes
de negociaciones bilaterales, que resultaron ser bastantes y productivas,
sin embargo, se quedaron en el tintero los tres principales focos de conflicto:
la financiación, el listado de competencias y la definición
de Cataluña como nación.
Tres cuestiones en las que la divergencia es bastante clara y que se plasmó
a la perfección en las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista
en el Congreso, a través de las cuales el PSOE propone eliminar
el término "nación" para definir a Cataluña,
se altera profundamente la propuesta de financiación autonómica
contenida en el proyecto de Estatut y se propone redefinir las competencias
exclusivas y las compartidas.
Estas son los tres puntos que han centrado los encuentros bilaterales
que se han su-cedido la pasada semana, capitaneados, del lado socialista,
por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño,
y el negociador del PSC, el portavoz parlamentario de los socialistas
catalanes, Miquel Iceta, con representantes de CiU, ERC y ICV-EUiA.
Sin embargo, a la vista de las declaraciones públicas de Alfredo
Pérez Rubalcaba y de las enmiendas del PSOE al Estatut, el acuerdo
no parece nada fácil. Ni CiU ni ERC están dispuestos a renunciar
ni a la definición de Cataluña como nación ni a que
ésta aparezca en el articulado en vez de hacerlo en el preámbulo.
La propuesta de Zapatero ya quedó definida en el debate de toma
en consideración del Estatut e implica suprimir la referencia a
la "nación" en favor de "identidad nacional".
El Gobierno quiere evitar que el PP vuelva a abrir una gran polémica
y en Moncloa se prefiere que este término tampoco aparezca en el
preámbulo. Esta es la cuestión más peliaguda y sin
duda se dejará para el último momento, condicionada, quizás,
a cómo evolucionen las negociaciones sobre financiación
y competencias.
El papel más delicado sigue estando en el tejado de Zapatero quien
ha descartado, por el momento, intervenir directamente en las negociaciones,
tal y como solicitaba ERC. El líder socialista se comprometió
con el PSC a sacar adelante en Madrid el Estatuto que aprobara el Parlament
y sigue manteniendo su promesa, sin embargo es consciente de las reticencias
que han surgido de algunos barones autonómicos.
De hecho, el presidente del Gobierno tiene previsto reunirse esta misma
semana con Pasqual Maragall y el resto de presidentes autonómicos
del PSOE para informarles sobre el desarrollo de las negociaciones, una
cita que puede servir para templar ánimos o que puede acabar en
enfrentamientos dialécticos tan abruptos como los que han protagonizado
el President de la Generalitat y algunos pesos pesados del PSOE.
Zapatero tiene que lograr acordar un Estatuto que contente tanto a su
gobierno, comoal PSC, tanto a Cataluña como a otras comunidades
que se sienten discriminadas.
Quizás por eso una negociación tan delicada como la actual
está recayendo en un secretario de Estado, el de Relaciones con
las Cortes, Francisco Caamaño, y el portavoz parlamentario, Alfredo
Pérez Rubalcaba. Mientras, los dos vicepresidentes, Pedro Solbes
-su nombre tan sólo ha salido a raíz de la propuesta de financiación autonómica- y María Teresa Fernández
de la Vega, se mantienen al margen, al igual que los otros miembros del Gobierno. Incluso el ministro de Industria, José Montilla, que es al mismo tiempo primer secretario del PSC, está desdibujado en esta negociación.
Los nacionalistas tampoco lo tienen fácil.Hay que recordar que CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA consiguieron pactar una propuesta de reforma casi en el último minuto, cuando algunos pensaban que el renacido protagonismo de CiU amenazaba con llevarse por delante un acuerdo histórico.
De hecho, el tripartito quieren evitar a toda costa que los nacionalistas de Mas queden como los salvadores del nuevo Estatuto.
Precisamente están siendo los converger tes la formación que más está tensando la cuerda, sobre todo a cuenta de la propuesta de financiación autonómica diseñada por Pedro Solbes, que califican de inadmisible mientras el vicepresidente económico asegura que es la última oferta del Gobierno.
A ERC tampoco le gusta la financiación descafeinada que propone el Ejecutivo, de ahí que su líder Josep Lluis Carod Rovira haya emplazado al presidente del Gobierno a "coger el timón" del proceso -algo que se descarta por el momento- y a propiciar algún nuevo gesto de acercamiento, por ejemplo la publicación de las
balanzas fiscales.
Sin embargo, nadie puede decir que todas las partes no se estén esforzando. La pasada semana se sucedieron numerosos encuentros bilaterales entre socialistas y los propulsores del Estatuto en la Cámara cuyo contenido se ha tratado de guardar lo más discretamente posible.
El gran objetivo es llegar a comienzos de febrero, cuando el texto entre en la Comisión Constitucional presidida por Alfonso Guerra (Ver recuadro Un largo proceso de final incierto) con, al menos, un horizonte de acuerdo que permita sacar adelante un Estatuto digerible tanto para los catalanes como para el resto de España.
Todos parecen moverse bajo un mismo temor. Si todo termina en nada, será malo para el Gobierno, pero peor para los nacionalistas. El fracaso supondría un gran éxito para el PP, algo que nadie parecer querer.
Y a todo esto, ¿qué hace el PP? Muchos se sorprendieron cuando a finales de diciembre los populares decidieron entrar en el debate presentando numerosas enmiendas al proyecto de reforma y en los últimos días Mariano Rajoy le ha propuesto al presidente de Gobierno un vis a vis, proposición que no ha tenido gran eco en La Moncloa, convencidos de que el PP jamás votará a favor de un nuevo Estatut pactado con el Parlament de Cataluña.
Tampoco parece seguro que se vaya a producir la reunión de todos los grupos con el Gobierno y el PSOE anunciada para este lunes 9 de enero, pese a que al finalizar el último encuentro multilateral celebrado a finales de diciembre en el Parlament se habló de retomar este método de reuniónes a partir de esta semana.
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El
Senado, retiro dorado de Don Manuel
El paréntesis navideño y el hecho de que enero es un
mes inhábil a efectos parlamentarios hará que el proyecto
de reforma del Estatuto catalán comenzará su tramitación
puramente parlamentaria previsiblemente a principios de febrero,
cuando se constituyan las dos ponencias en la Comisión Constitucional,
presidida por Alfonso Guerra. Una de esas ponencias estará
integrada por diputados de todos los grupos del Congreso y la otra
por parlamentarios catalanes. Las ponencias discutirán conjuntamente
las enmiendas.
El Reglamento da inicialmente un margen de dos meses para redactar
un texto definitivo, aunque no se descarta que ese plazo se pueda
ampliar en función del desarrollo de las negociaciones.
Hay que recordar que el Parlamento catalán tiene potestad
para retirar su propuesta de reforma estatutaria en cualquier momento
del proceso si considera que se han alterado sus principios.
Cada una de llas delegaciones votará el texto de forma separada
y si en cada una la mayoría lo hace a favor, el proyecto
continuará adelante. Si no hubiera acuerdo, Alfonso Guerra
tiene la potestad de elevar unilateralmente la propuesta del Congreso
al Pleno de la Cámara Baja, una hipótesis que supondría
el enfrentamiento con el Parlament.
El documento resultante se votará ante el pleno de la Cámara
Baja, donde se precisa la mayoría absoluta, 176 del total
de los 350 diputados por el carácter orgánico de la
ley.
Una vez en el Senado, allí se sigue un proceso similar al
del Congreso, con la participación de parlamentarios autonómicos
en el debate de las enmiendas. En la Cámara Alta el PP tiene
mayoría, aunque no absoluta, por lo que si presentara una
enmienda de veto, los populares necesitaría apoyos de otros
grupos para que prosperara. De allí vuelve al Congreso para
un pronunciamiento definitivo, que requeriría de nuevo de
mayoría absoluta.
A partir de la votación final, el Parlament de Cataluña
dispone de 10 días para decir si está de acuerdo o
no con la iniciativa. De conceder su visto bueno, el texto se remitiría
al Gobierno y a la Generalitat antes de acometer la última
etapa, la convocatoria de un referéndum en el que los ciudadanos
catalanes se pronunciarían sobre el nuevo Estatuto.
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Y
la OPA, por medio
Se ha acusado a Montilla de haber articulado la operación lanzada
por Gas Natural sobre Endesa.
Unas semanas antes de que el Parlamento catalán aprobara
el proyecto de reforma del Estatuto autonómico, Gas Natural
lanzaba una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre
Endesa. La operación empresarial desde el primer día
se vio politizada. Una compañía catalana, estrechamente
ligada a La Caixa, quería comerse a la eléctrica nacional
por antonomasia. No faltaron las voces que acusaron incluso al ministro
de Industria y a la par primer secretario del PSC, José Montilla,
dehaber prometido a sus compañeros del tripartito propiciar
una operación similar para dotar de más músculo
empresarial a Cataluña, incluso de ser uno de los puntos
incluidos en el famoso Pacto del Tinell.
Ha dado igual que tanto Gas Natural como La Caixa hayan reiterado
su malestar por que una decisión estrictamente empresarial
se haya convertido en lucha política, ha sido inevitable
y unos y otros al final han entrado en el juego. De ahí que
el Gobierno haya intentado ir con pies de plomo en el proceso de
estudio de la mencionada operación económica, sin
embargo parece que al final se va a tener que mojar.
A finales de año la Comisión Nacional de la Energía,
presidida por Maite Costa, aprobó la OPA, aun-que con severas
condiciones. Ya entonces se criticó a la presidenta, ex diputada
socialista, de tomar partido hacia quien le paga el sueldo.
Todo lo contrario ocurría la pasada semana cuando la relación
de fuerzas políticas en el consejo del Tribunal de Defensa
de la Competencia (TDC) propició que el organismo que preside
Luis Berenguer recomendara al Ejecutivo oponerse a la operación.
Dos recomendaciones distintas, en sendos dictámenes no vinculan-tes,
lo que deja en el tejado del ministerio de Economía tomar
la decisión definitiva. Sea cual sea esa decisión,
no contentará a todos.
Mientras que el líder de ERC, Josep Lluís Carod Rovira,
se ha apresurado a recordar al Gobierno que el dictamen del Tribunal
de Defensa de la Competencia "no es vinculante" y "no
debe suponer un obstáculo" para una operación
que "tiene que salir adelante", desde las filas del Partido
Popular se ha alertado de la necesidad de respetar la decisión
del TDC, volviendo a advertir al Ejecutivo de que si finalmente
da el visto bueno a la operación será acusado de venderse
a Cataluña. Desde que se inició la tramitación
del Estatuto, para los populares lo catalán se ha convertido
en el enemigo a batir.
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