TRIBUNA CARLES CAMPUZANO Tiempos de hoy
 
   

                                     Nº 1191. 10 de marzo de 2017

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Tribuna/Carles Campuzano
Diputado del PDeCAT
en el Congreso

 

Repensar la Ley de Dependencia


FOTO: EUROPA PRESS

La Ley de Dependencia que promovió Zapatero, con el apoyo del PP y del resto de la izquierda parlamentaria, incluida ERC, ni respetaba las competencias de las Comunidades Autónomas ni garantiza una financiación sostenible vinculada al coste efectivo de los servicios

Cuando en 2006 se aprobó la denominada Ley de Dependencia, los grupos nacionalistas catalanes de Convergència, el PNV y Eusko Alkartasuna votamos en contra. Reconocíamos la existencia del reto de la atención a la dependencia, frente el progresivo y paulatino envejecimiento de la sociedad y compartíamos la idea de que la respuesta a los cuidados de la larga duración de las personas dependientes no podía concernir fundamentalmente a las mujeres (parejas, hijas, hermanas,…), tal y como había sucedido de manera tradicional. Se necesitaba una política pública ambiciosa, robusta y sostenible para hacer frente al desafío con la puesta en marcha de una buena oferta de servicios sociales y apoyos personales para las personas mayores y sus familias. Ahora bien, esa política debía hacerse acorde con el marco competencial establecido, que otorga a las Comunidades Autónomas la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, y con un sistema de financiación de esta política claro y sostenible en el tiempo. La ley que promovió Zapatero, con el apoyo del PP y del resto de la izquierda parlamentaria, incluida ERC, ni respetaba las competencias de las Comunidades Autónomas ni garantiza una financiación sostenible vinculada al coste efectivo de los servicios. Aquello fue un error. Luego, el paso del tiempo, el estallido de la crisis y las políticas que desarrolló el PP frustraron buena parte de las legítimas esperanzas de tantos dependientes y sus familias: largas listas de espera, incremento de los copagos, calidad mejorable de los servicios creados, concentración del gasto público en las Comunidades Autónomas, desresponsabilización de la Administración General del Estado en la financiación…
Todo viene a tono, a raíz del inicio en el Congreso de la tramitación de la reforma de la Ley de la Dependencia a partir de la Iniciativa Legislativa Popular promovida por los representantes del sector de la discapacidad, el Cermi, que pretende garantizar un copago más equitativo y redistributivo.
Bienvenida la iniciativa, en la medida en que debe permitir repensar a fondo un marco legal que ha demostrado sus insuficiencias para dar una respuesta adecuada a las evidentes necesidades existentes.
Y sería bueno tener algunas ideas claras. De entrada, que la uniformización y la homogenización de la política de dependencia no es la mejor garantía para el efectivo ejercicio del derecho a los cuidados; ni los costes económicos de los servicios son iguales en todo el Estado, ni todas las sociedades ni todas las administraciones comparten los mismos modelos de atención, ni es bueno reprimir la capacidad de innovar en la prestación de los servicios. Un marco legal que reconozca que la financiación de la dependencia debe estar vinculada a los costes reales de  los distintos servicios, que considere que las Comunidades Autónomas tienen derecho a diseñar las  mejoras políticas adecuadas a sus respectivas realidades para garantizar mejor los derechos de los ciudadanos y que es bueno liberar energías para facilitar la innovación social que debe de permitir personalizar la atención a las personas dependientes, es una tarea urgente e imprescindible.
Y al mismo tiempo, toca un debate a fondo sobre cómo financiar esta política. En su momento, se creyó que sin una fuente adicional y finalista para financiar la dependencia era posible mantener en el tiempo un incremento sostenible del gasto y la inversión en dependencia. Fue otro error. La crisis evidenció las enormes debilidades del modelo adoptado en 2006, pero ya antes de la crisis se constató que el modelo iba a ser un grave problema para unas Comunidades infrafinanciadas. Se necesita una financiación finalista, que puede ser vía impuestos o bien vía una fórmula de aseguramiento obligatorio a partir de una determinada edad, o bien a una combinación de ambas.
Estos son algunos debates clave que se deben abordar en materia de dependencia.